• Externan diputadas y diputados inquietudes sobre la Plataforma Digital Nacional

• Ricardo Salgado adelantó que en julio se tendrá el proyecto de un programa transversal para la medición de la corrupción

04-06-2020.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción se reunió con el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perrilliat. El propósito: conocer los avances, retos y perspectivas de este sistema.

En la reunión virtual, el presidente de la instancia legislativa, diputado Óscar González Yánez (PT), destacó la necesidad de que todas las entidades puedan incorporarse a la Plataforma Digital Nacional y se fortalezca el sistema anticorrupción.

Propuso considerar como parte de este sistema a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tiene facultades muy considerables. Además, se pronunció por mantener el equilibrio en la organización del Sistema Nacional Anticorrupción.

La diputada Ximena Puente de la Mora (PRI) preguntó sobre el status de la Plataforma Nacional Digital, cómo puede ayudar la Comisión de Transparencia y cuál es el impacto que tiene para los estados. “Éstas son sólo algunas de las inquietudes que nos ha mostrado la misma sociedad civil”.

José Luis Montalvo Luna, diputado del PT, señaló que la Secretaría de la Función Pública instrumentó una plataforma de “alertadores” aplicable a funcionarios federales, pero aseveró que es necesario conocer los avances en los sistemas de denuncia locales.

Se busca que todos los sistemas queden interconectados

En su ponencia “Situación actual del Sistema Nacional Anticorrupción, retos y perspectivas”, Ricardo Salgado Perrilliat expuso que los cuatro ejes de trabajo son corrupción e impunidad, arbitrariedad y abuso del poder, mejora de gestión y puntos de contacto del gobierno con la sociedad, e involucramiento de la sociedad en el control de la corrupción.

Indicó que a la corrupción se le ha visto del lado del gobierno, pero también los particulares, dentro de sus funciones, tienen actos corruptos. Recordó que el sistema está conformado por siete cabezas, siendo una de ellas, el ciudadano.

Sobre la Plataforma Digital Nacional, comentó que se trabaja para tener, al menos, seis sistemas interconectados en todo el país: declaraciones patrimoniales, servidores públicos sancionados, servidores que intervienen en las contrataciones, compras públicas, sistema nacional de fiscalización y uno de denuncias anónimas para actos de corrupción.

Informó que se tienen interconectados al estado de México y a la Secretaría de Función Pública con los sistemas de servidores públicos sancionados y los que intervienen en las contrataciones. “Es increíble que en el país tengamos servidores que son sancionados en un municipio, brincan a un estado y también son sancionados ahí; llegan a la Federación, en donde también se les sanciona, y pasan a un ente público u otros poderes”.

Resaltó que a la fecha no hay ningún sistema de declaraciones patrimoniales interconectado con la Plataforma Digital Nacional, pero en ello se trabaja. Lo que se puede hacer para fortalecer este sistema es, a nivel local, vincular el registro vehicular con la declaración patrimonial del servidor público, y a nivel federal, los sistemas financieros y el fiscal, añadió.

En cuanto al sistema en el ámbito nacional, expuso que ya hay 29 secretarios nombrados y faltan los de Chiapas, San Luis Potosí y Ciudad de México. En el país, resaltó, no han sido nombrados los magistrados de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Respecto de las adjudicaciones directas y licitaciones, precisó que la norma las permite ante una emergencia y no es la primera vez que se dan, basta recordar lo que sucedió en la pandemia del H1N1. Además, dijo que hay un proyecto de una nueva Ley General de Adquisiciones que se trabajó con la Cámara de Diputados, la Comisión Federal de Competencia, integrantes de la sociedad civil y la Secretaría Ejecutiva.

Adelantó que en julio se tendrá el proyecto de un programa transversal para la medición de la corrupción. “La idea es que no sólo sea a nivel federal, sino que se replique en los estados de la República; el objetivo es saber cuánto se gasta en el país para el combate a la corrupción”.

Precisó que Zacatecas es el único estado que ha aprobado su política estatal en la materia. Los que ya presentaron una y fue revisada, son: Sinaloa, Durango, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y estado de México. En proceso de elaboración: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los que no han iniciado: Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

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