• México, de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; los defensores enfrentan retos difíciles: Erasmo González

• Se solicitarán recursos adicionales porque el monto actual es insuficiente: comisionado Aarón Mastache

09-06-2020.- En el parlamento abierto “Fondo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, afirmó que los recursos para salvaguardar a las personas que están en riesgo por ejercer su libertad de expresión o defender la promoción de los derechos humanos, “en ningún momento están en duda”.

Lo que se va a revisar, expresó, es si el fideicomiso es la mejor manera de administrar esos apoyos. “Sabemos que hay observaciones importantes de la Auditoría Superior de la Federación en el caso de este Fondo, pero también hay un compromiso muy importante de la Secretaría de Gobernación”.

Resaltó que será una reflexión abierta, sin prejuicio ni predisposición. “Queremos llegar a concluir qué es lo mejor para administrar estos recursos, si continúa el fideicomiso, si se hacen cambios o vamos a otro mecanismo de administración, pero en ningún momento está en duda el destino de estos recursos porque el gobierno está comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión”.

Delgado Carrillo precisó que el país se ha convertido en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, por lo que se requiere este mecanismo de protección, que también incluya a los promotores de derechos humanos.

Relató que hay un desperdicio de recursos públicos en toda la administración, se han detectado más de 300 fideicomisos; hoy se están revisando para ver su pertinencia, si continúan o no, a fin de que no haya falta de transparencia ni estructuras al amparo de estas figuras.

Al Poder Legislativo, añadió, le corresponde revisar todos los fideicomisos que han sido creados por ley, y “en esa tarea estamos con el objetivo de saber si funcionan de manera adecuada y logren sus objetivos para los cuales fueron creados; que se administren con absoluta transparencia y se llegue a la conclusión de si continúan o no”.

El objetivo no es quitar apoyos, sino eliminar la opacidad

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo (Morena), resaltó que desde que se presentó la iniciativa para modificar, entre otros ordenamientos, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que tiene la finalidad de extinguir algunos fideicomisos sin estructura, se generó interés y preocupación, principalmente por los beneficiarios finales.

Afirmó que el objetivo no es quitar los apoyos, sino eliminar opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad. Por ello, las comisiones de Presupuesto, de Gobernación y Población, y la de Derechos Humanos acordaron abrir espacios de diálogo, con el fin de analizar áreas de oportunidad y recibir propuestas sobre el funcionamiento del Fondo.

Precisó que no hay duda alguna de la importancia de destinar recursos a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, porque desafortunadamente México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y los defensores de derechos humanos enfrentan retos igualmente difíciles.

El fideicomiso no debe extinguirse

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), consideró que el fideicomiso “no debe extinguirse, pues no hay que perder de vista que este no únicamente es un tema de manejo de recursos públicos, sino un asunto que tiene consecuencias en la vida e integridad de las personas”.

Precisó que una de las ventajas de la administración del Fondo por medio de un fideicomiso es la disponibilidad de recursos sin observar las reglas de anualidad a la que se someten los entes públicos; es decir, permite mantener una reserva necesaria para el cumplimiento de su objetivo.

Enfatizó que el modo de administración planteado en la iniciativa “hace dudar de la certeza y confianza que podrán tener los beneficiarios sobre la protección que requieren”. Recalcó que éste es un fideicomiso que no atiende proyectos, sino que procura vidas, y por ello, “tenemos que revisar a profundidad qué es lo que está sucediendo”.

Escuchar a las personas afectadas y encargadas del tema

En un posicionamiento dado a conocer en la reunión, la Comisión de Derechos Humanos, que preside el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), expresó su preocupación por la presentación de esta iniciativa y el futuro de este fideicomiso tan importante para el Estado.

Subrayó que “antes de tomar decisiones, en el Congreso urge reflexionar sobre el impacto y los efectos de las iniciativas; de ahí que sea primordial escuchar y discernir con las personas afectadas y encargadas del tema, antes de tener cualquier decisión”.

Intervención de grupos parlamentarios

El coordinador del PT, diputado Reginaldo Sandoval Flores, comentó que se tiene que analizar las condicionantes del fideicomiso. “El ejercicio del día de hoy tiene el propósito de saber cómo mejorar este mecanismo y cuáles son las alternativas viables para operarlo”. Agregó que “nuestra lucha siempre ha sido y será por la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y una protección del Estado para los luchadores sociales”.

La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) dijo que en la iniciativa se propone eliminar el comité técnico y el órgano de vigilancia del Fondo, lo que reduciría sus niveles de transparencia y rendición de cuentas. Eso, estimó, agravaría la ya difícil situación de los defensores de los derechos humanos y periodistas, porque se afectarían la libertad de expresión y de prensa. “Durante la última década han muerto en México más de 100 periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos”.

Por el PRD, la coordinadora parlamentaria Verónica Beatriz Juárez Piña dijo que el fideicomiso no va a desaparecer. Tiene un presupuesto de 364.3 millones de pesos para el primer trimestre y eliminarlo pondría en riesgo a defensores y defensoras de derechos humanos y a periodistas. Propuso rediseñarlo e involucrar a los tres órdenes de gobierno para generar certeza.

Cruz Juvenal Roa Sánchez, diputado del PRI, señaló que éste es un espacio abierto de diálogo y constructivo rumbo al perfeccionamiento “y no a la supresión” de instrumentos financieros de apoyo para defensores de derechos humanos y periodistas. Destacó la importancia de revisar y analizar los recursos de los diferentes fideicomisos, sobre todo el que se refiere a quienes realizan estas actividades.

Si los recursos se manejan en un fondo habrá riesgos

Aarón Mastache Mondragón, comisionado ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, alertó que si los recursos son manejados mediante un fondo y no en un fideicomiso público, habrá un incremento en trámites administrativos que pondrán en riesgo la integridad y vida de los beneficiarios. “Hay medidas que son urgentes y deben pagarse de manera inmediata y no pueden estar sujetas a un fondo centralizado que se rige por las normas correspondientes”.

Adelantó que solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 187 millones de pesos adicionales a los 227.6 millones de pesos asignados para 2020, porque es insuficiente. Explicó que en 2012, año en que fue creado este mecanismo, se benefició a 48 personas con medidas de protección, mientras que para mayo de este año se incrementó a mil 206 protegidos. “Desde el 2016 hubo un aumento kilométrico, prácticamente duplicamos a los beneficiarios”.

Informó que algunas de las medidas son de carácter urgente cuando el riesgo contra la persona es inminente, tomando la decisión de reubicar al amenazado de manera temporal, además de que también se le apoya con escoltas y vigilancia en las zonas donde laboran o viven; a eso se suman las medidas tecnológicas, entre las que destaca, a pesar de presentar fallas, los botones de asistencia, los cuales cuentan con geolocalización.

Agregó que incluso se les apoya con telefonía celular, cerraduras de seguridad y cámara de vigilancia, además que, de ser necesario, se les entregan chalecos antibalas, detectores de metales, autos y demás elementos que requieran, lo que se suma a la realización de campañas de reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, manuales y cursos de autoprotección, entre otras acciones; sin embargo, afirmó que el mecanismo se debe enfocar más en las medidas preventivas.

Puntualizó que la mayor parte de beneficiarios de este mecanismo se localizan en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Puebla, entidades donde se concentra el 70 por ciento. Del total, el 67 por ciento son defensores de derechos humanos y el 33 por ciento restante periodistas.

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