• Inauguró el parlamento abierto “Análisis sobre incorporación constitucional de garantías y derechos en materia de bienestar”

• El acto fue organizado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y la de Salud

02-03-2020.- El diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, se pronunció por lograr un sistema de seguridad social que beneficie a adultos mayores y jóvenes en un país en donde más de la mitad de la población no tiene acceso a esta prerrogativa.

Al inaugurar el parlamento abierto “Análisis sobre incorporación constitucional de garantías y derechos en materia de bienestar”, organizado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y la de Salud, aseguró que es necesario hacer una reforma fiscal para obtener mayores recursos en el futuro.

“Sí se tiene que hacer una reforma fiscal para tener más recursos en el futuro, ya no va a ser para financiar burocracias doradas o para el despilfarro de la corrupción, sino para financiar los nuevos derechos sociales que se aprobarán en esta Constitución”, subrayó.

Explicó que la visión de esta reforma es convertir en un derecho social la pensión no contributiva para todos los adultos mayores de este país.

“Es la política social más ambiciosa desde la construcción de las instituciones de seguridad social a principios de los años cuarenta, porque es una pensión universal, para todos en un país que más de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social”, destacó.

Informó que hay cuatro millones de estudiantes ya becados, por lo que garantizará el derecho de becas para hacer efectivo el derecho a la educación. “Tenemos al año un millón de jóvenes que abandonan la primaria y la secundaria principalmente por razones económicas”. Cómo no poder tener la audacia de plantear ya en la Constitución un sistema de salud universal de calidad para toda la población”.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz (Morena), dijo que se está ante la oportunidad de consagrar en la Carta Magna el legado de igualdad que México necesita y de plasmar en la Constitución la garantía de derechos sociales para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes en pobreza y acceso universal a servicios médicos para quienes no tienen seguridad social.

Durante el 2 y 3 de marzo se analizará el impacto constitucional en materia de derechos humanos. “Serán dos días muy productivos que permitirán que el próximo miércoles los legisladores demos una discusión muy rica y productiva para elaborar un dictamen acorde a las necesidades del pueblo”.

Afirmó que se solventa una deuda con los derechos de los mexicanos y recordó que, a 40 años de la firma de la Convención Americana, “apenas hoy se inicia la ruta para establecer en la Constitución el mandato al acuerdo internacional”.

La presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván (Morena), destacó la importancia de analizar la propuesta de reforma al artículo 4° en materia de derechos sociales, que busca garantizar el acceso a beneficios económico-sociales en segmentos menos favorecidos, con total y absoluto respeto a la dignidad.

“El tema es amplio y toral para quienes tenemos el compromiso con el bienestar de los menos favorecidos. La intención es tener los elementos suficientes para dictaminar con debida responsabilidad la reforma”.

Por parte de Morena, la diputada Dolores Padierna Luna explicó que al considerar esta reforma como un criterio universal “se dejan en el bote de la basura” los lastres de la falsa política que ya no se quiere ver. “Será creciente, progresivo e incluyente e irá avanzando hasta alcanzar la universalidad”, subrayó.

Su correligionaria, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos, celebró esta iniciativa de elevar a rango constitucional estos apoyos porque las comunidades autóctonas no pueden seguir dependiendo “de la buena fe de los gobiernos que van y regresan”. Pidió conocer cuál sería el monto que se daría a este sector vulnerable.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) señaló que el objetivo del parlamento abierto es que las y los legisladores escuchen a los expertos para que los puedan orientar en su labor parlamentaria. “México ocupa una fortaleza de unión, y en el caso de la salud nos debe de unir a todos, a los ciudadanos, a los políticos y a los funcionarios”, concluyó.

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) dijo que el bienestar social está en el centro de las políticas públicas. Preguntó si es en la Constitución en donde se tienen que establecer programas sociales específicos para atender determinados derechos y cuántas personas son las que resultarían beneficiadas. “No podemos darnos el lujo de crear expectativas si no tenemos clara la situación”, señaló.

Del PRI, la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, consideró que es una política asistencial que no exime al Estado de brindar respuestas institucionales para garantizar los derechos de esta población. “Sigue pendiente la firma de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que va más allá de lo económico”.

El coordinador del Partido del Trabajo, diputado Reginaldo Sandoval Flores, dijo que el principal problema es la desigualdad, “la brecha de los que tienen y de los que no, es abismal”, apuntó. Sostuvo que deben quedar en la Carta Magna las garantías y derechos en materia de bienestar e impulsar una Constitución garantista.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) puntualizó que se deben incorporar los derechos sociales de las personas con la máxima garantía para que puedan ejercerlos. “Movimiento Ciudadano se complace por este parlamento abierto y esperamos que sea un ejercicio real de escucha para incorporar las diferentes visiones”.

De Encuentro Social, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz consideró que la modificación de la Carta Magna marcará una nueva etapa en el proceso de cambios constitucionales y permitirá que muchos se beneficien. “Sin duda este parlamento abierto permitirá hacer una reforma que rompa con paradigmas y permita que los derechos sociales sean una realidad”.

En su participación, la coordinadora del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, mencionó que es necesario debatir sí es en la Constitución en donde debe establecerse la dotación de recursos para ciertos programas de manera particular. Tienen que existir prioridades a favor de terminar con las brechas entre los que menos y más tienen. “Debemos de tener mucha claridad con lo que va a ocurrir, y lo sustancial, los recursos, y de qué manera se van a garantizar, porque estamos hablando de miles de millones de pesos”.

Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar, aseguró que, aun con pensiones, las personas adultas mayores sufren vidas complejas, y que la mitad de las personas con discapacidad viven en pobreza, por lo que de otorgarse el derecho universal de esta pensión se lograría un gran beneficio y se priorizaría a niñas y niños con alguna complicación motriz.

“Imaginen las brechas de desigualdad para una niña indígena con discapacidad, por eso los programas deben tener un piso de universalidad, debemos sensibilizar de que lo que hoy se discute es un derecho, no una concesión graciosa de un gobierno durante un tiempo; debe de quedar ahí”.

Enfatizó que los adultos mayores requieren tener esta pensión consagrada en la Constitución, especialmente porque pasaron su vida trabajando en la construcción de nuestro país y en la actualidad solo se entrega a ocho millones.

Araceli Damián González, directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo de la Ciudad de México, señaló que la iniciativa que se analiza crea una antinomia frente al espíritu de los artículos 1 y 4 constitucionales, pues el Estado no puede garantizar que tengan una forma segura para sobrevivir y el término de pobreza no puede ser criterio para otorgar derechos; por ello, propuso que los apoyos dirigidos a este sector estén regidos por la progresividad y, en todo caso, plantear el derecho humano al ingreso universal.

Pablo Yanes Rizo, coordinador de Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aseguró que la universalización de los programas sociales es el antídoto del clientelismo. Sin embargo, señaló que esta reforma es compleja de poner en operatividad; además, hay una brecha que se tiene que cerrar, como en el caso de la población indígena. Lamentó que no se establezca un umbral económico mínimo para los apoyos.

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