• La reforma al artículo 4° constitucional crea el Sistema de Salud para el Bienestar

• Se brindarán apoyos económicos a algunos sectores vulnerables

10-03-2020.- Diputados de todos los grupos parlamentarios discutieron el dictamen que reforma y adiciona el artículo 4° constitucional, para crear un Sistema de Salud para el Bienestar, con el fin de que el Estado garantice la entrega de apoyos económicos a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes en situación de pobreza.

La diputada de Morena, Miroslava Sánchez Galván, dijo que el dictamen busca garantizar los derechos sociales, al establecer la protección de la salud dando la prestación de servicio a quien no tenga seguridad social; además, el gobierno tendrá que entregar un apoyo económico a las personas con discapacidad, y las personas mayores de 68 años e indígenas mayores de 65 recibirán como un derecho del Estado, una pensión no contributiva.

Del PAN, el legislador Éctor Jaime Ramírez Barba comentó que no aprobarán una reforma a la Constitución con tintes populistas, que lo último que busca es el bien de las personas. “Hoy vemos que las reformas planteadas no son las adecuadas para garantizar los derechos sociales ni se contemplan los mecanismos económicos para lograrlos, dadas las múltiples faltas de forma y de fondo que vemos en el dictamen; votaremos en contra del mismo”.

El diputado René Juárez Cisneros (PRI) señaló que en su partido están de acuerdo en que haya medicinas y servicios médicos gratuitos para quienes no tienen acceso a la seguridad social, se apoye a las personas con discapacidad y se dé una pensión a los adultos mayores. Sin embargo, dijo, que para que se haga realidad se requieren cosas que no contempla el dictamen, como garantizar que existan recursos económicos para que estos programas sean transparentes, rendición de cuentas y servidores públicos capacitados.

Ana Karina Rojo Pimentel (PT) manifestó que su bancada ve esta reforma constitucional como oportunidad para avanzar en la agenda del desarrollo y acercar a los grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad a más y mejores oportunidades. “Sabemos la importancia de implantar acciones con el propósito de crear condiciones favorables que contribuyan a asegurar, que estos sectores de la población tengan inclusión plena”.

Del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz mencionó que lograr un buen estado de bienestar, efectivo e irrevocable, es aspiración inaplazable que las y los mexicanos comparten. Resaltó que las y los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Salud trabajaron para generar el mejor texto posible, considerando todos los acuerdos para lograr el bienestar a la nación.

Por Encuentro Social, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz consideró que lo correcto es reivindicar la situación de quienes, por la pobreza, no pueden cubrir sus necesidades básicas. Refirió que el dictamen es una gran oportunidad para definir el papel del Estado y generar cimientos para lograr un mejor país. “Esta es una exigencia de los más olvidados, de la gente a la que no se ha volteado a ver”.

Enseguida, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) refirió que el dictamen es trascendental para combatir y atender a la pobreza; esta propuesta asegurará el acceso a los servicios de salud, de manera particular para las personas que no tienen seguridad social. También, garantizará la entrega de apoyos económicos a personas con una discapacidad permanente, menores de edad e indígenas.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) comentó que para contar con un sistema de salud como el que existe en los países nórdicos, es necesario tener la economía, el sistema de derecho y la cultura de legalidad de esas naciones. Agregó que los derechos sociales en la Constitución deben garantizarse sin estar sujetos a los “vaivenes de la política”. “Nos preocupa que al elevar a rango constitucional estos derechos, queden en letra muerta”.

Discusión en lo general

El diputado Ernesto Palacios Cordero (Morena) manifestó su voto a favor del dictamen porque es una reforma de “avance social irreversible”, en la que no gana un gobierno ni un partido; abona al estado de bienestar para que no haya personas adultas mayores desamparadas, estudiantes que dejen la escuela y que las personas con discapacidad tengan el respaldo del Estado.

El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) dijo que votaría en contra de la reforma porque el impacto presupuestal por 95 mil millones de pesos es erróneo, pues considera atender a 40 millones de personas sin seguridad social con un costo médico promedio de cuatro mil 264 pesos per cápita, cuando en 2018 el Coneval reportó que eran 71 millones de personas sin seguridad social. “Eso tendría un impacto presupuestario de 231 mil millones de pesos, es decir, uno por ciento del PIB”.

De MC, la diputada Gabriela Gómez Maldonado indicó que votaría a favor del dictamen y estimó necesario consolidar los esfuerzos en materia de desarrollo social a través de un sistema de cuidados que, más allá de crear lealtades, genere bienestar, y que más allá de entregas económicas sean mecanismos para garantizar derechos. Planteó un modelo de apoyo integral porque la inversión es de 290 mil millones de pesos, y en unos años la entrega será insostenible.

La diputada Alejandra García Morlan (PAN) subrayó que la Cámara de Diputados debe ejercer su función de fiscalización y contrapeso, y “dejar de actuar como subordinada del Ejecutivo”. Calificó la reforma de populista e inconstitucional porque lo último que busca es el bien de las personas. Se opuso a elevar a rango constitucional programas que deberían ser política pública y no ver a las personas “como alguien a quien el gobierno tenga que estar regalándole dádivas y construir una dependencia clientelar”.

De Encuentro Social, la diputada Elba Lorena Torres Díaz afirmó que estas acciones legislativas dejan de lado la debilidad que históricamente han tenido en su aplicación los derechos sociales; es decir, con estas modificaciones se dará certeza y eficacia al desarrollo, crecimiento social y a la población vulnerable. “El acceso a servicios de salud, apoyos económicos, pensiones y becas tendrán aval jurídico y político”.

El legislador Jorge Arturo Espadas Galván, del PAN, consideró que el dictamen tiene inconsistencias y no representa una sola solución, porque el esquema financiero no permitirá hacerlo una realidad. “Esta reforma pareciera buscar acabar, desde la Constitución, con el federalismo en materia de salud. No podemos votar a favor una reforma que afecta a la población”.

El diputado Luis Enrique Martínez Ventura (PT) dijo que se fomentará la construcción de una ciudadanía en la cual se garantice el derecho a un desarrollo humano adecuado, el acceso a oportunidades económicas y la inclusión al reparto equitativo de los bienes sociales de la nación. “Hace visible y dignifica a los indígenas y desprotegidos que a pesar de ser ciudadanos mexicanos no se les contemplaba en el acceso a la salud y el bienestar”.

Cynthia Iliana López Castro, del PRI, estimó que decir que los derechos se darán de forma progresiva, no significa que son universales; al contrario “son discriminatorios porque habrá toda una generación a la que no le toquen esos derechos. El hecho de quererlo poner en la Constitución evidencia que es una intención electoral demagógica”.

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) señaló que no es suficiente incorporar tres políticas y un sistema institucional “cuando perdemos la oportunidad de elevar a rango constitucional el derecho al bienestar como un principio fundamental que se vuelva el centro de todos los programas sociales y de la planeación democrática del país”.

En tanto, el diputado Marco Antonio Adame Castillo (PAN) indicó que la reforma “no es el medio adecuado para construir las condiciones de justicia y equidad que exige la sociedad”. Precisó que derechos declarados, enunciados o aprobados, “no son derechos garantizados”. Enfatizó que los recursos del presupuesto no son suficientes ante el delicado momento que vive la economía y “donde la suficiencia presupuestal o la posibilidad real de apoyar estos buenos deseos quedaría en letra muerta”.

El diputado Eleuterio Arrieta Sánchez (Morena) aseguró que con esta reforma se fortalecerá el derecho a la salud, al garantizar el acceso a servicios de calidad y de asistencia social que satisfagan, eficaz y oportunamente, las necesidades de quienes más lo requieren.

De la misma bancada, la diputada Irma Juan Carlos apuntó que es innegable que las personas indígenas a lo largo de la historia han sido víctimas de discriminación y exclusión, por lo que consideró que llegó el momento de resarcir los años de agravio y olvido a los que fueron sometidos; esta reforma hará justicia a quienes vieron vulnerados sus derechos humanos.

Del PAN, el legislador Miguel Alonso Riggs Baeza preguntó ¿por qué no han pensado incluir las becas del deporte al artículo 4° constitucional? “Vamos a las escuelas primarias para ver si las condiciones de las y los niños han mejorado, por eso no creo que modificar la Constitución garantice mejor vida para las y los mexicanos”.

La diputada Mónica Almeida López (PRD) afirmó que su fracción parlamentaria está a favor de la vida digna, los derechos humanos y la progresividad, así como consagrar en la Carta Magna los principios para el desarrollo del país, por ello votaremos a favor; sin embargo, “presentaremos reservas para precisar que la forma en la que se pretenden garantizar diversos derechos fundamentales no son el mecanismo suficiente y no es en la Constitución en la que se debe plasmar”.

La legisladora Sylvia Violeta Garfias Cedillo (PAN) insistió que su partido votará en contra porque no se “prestarán a la demagogia y a la política clientelar electorera. El país se les está cayendo en pedazos en todos los rubros y parece que no lo quieren ver”.

Miguel Prado de los Santos, de Morena, puntualizó que no sólo se reforma el artículo 4°, también se hace realidad lo consagrado en el Tercero que es: “educación obligatoria, universal, inclusiva, pública y gratuita; por ello, debemos afrontar con responsabilidad el reto de establecer en la Carta Magna el Instituto de Salud para el Bienestar. La reforma tendrá un impacto positivo y reafirmará el compromiso del gobierno con la sociedad”.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) argumentó que incorporar la entrega de apoyos económicos a la Constitución no es garantizar un derecho. Enfatizó que esos criterios están en las leyes y en las políticas públicas, por lo que esta reforma será letra muerta, populismo y un retroceso.

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