• Lo fundamenta el presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Manuel de Jesús Baldenebro

• También, la presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada Patricia Terrazas

13-04-2021.- En sesión semipresencial, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca, y el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, fundamentaron el dictamen en materia de subcontratación laboral.

El proyecto de decreto, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como del Código Fiscal de la Federación, y de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, y al Valor Agregado.

Las modificaciones erradicarán prácticas que operan

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, expresó que el derecho al trabajo que consagra la Constitución se basa en el principio de dignidad y seguridad social, otorgando seguridad jurídica a las y los trabajadores del país, y corresponde al Poder Legislativo fortalecer la legislación, eliminando toda práctica que violente, dañe o sea contraria a la protección de los derechos de los trabajadores.

El dictamen, añadió, busca erradicar una práctica que afecta los derechos de los trabajadores, derogando las disposiciones que constituyen un medio de vulneración a los mismos. Se establecen formalidades y requisitos que cualquier persona física y moral deberá cumplir para poder contratar la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, como es la formalización de un contrato, en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar y el número aproximado de trabajadores que participarán.

Añadió que se establece la obligación para que las empresas realicen dichos servicios, se inscriban en el padrón a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que antes de celebrar un contrato acrediten el carácter especializado de los servicios que otorgan y que se encuentran al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.

Mencionó que se instituye que para la verificación de los cumplimientos de las obligaciones establecidas en las diversas leyes, los institutos y las autoridades correspondientes celebrarán junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, convenios de colaboración para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjunta, en el respectivo ámbito de su competencia.

De igual modo, agregó, se endurecen las sanciones para los patrones que niegan el desahogo de inspecciones, así como aquellas que utilizan la subcontratación en contravención de las leyes establecidas. “Se debe contar con una protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras pero también reglas claras”, afirmó.

Prohibir la subcontratación de personal

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca, señaló que el dictamen deriva de una iniciativa presentada por Presidente de la República a la Cámara de Diputados, el pasado 12 de noviembre de 2020, y a la cual se le sumaron diversas iniciativas de distintos grupos parlamentarios.

Indicó que el dictamen tiene por objeto prohibir la subcontratación de personal, para lo cual, se derogan las disposiciones que actualmente prevén alguna regulación; se diferencia de la subcontratación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.

Terrazas Baca precisó que se proponen reglas claras, respecto a la sustitución patronal y al registro de los trabajadores; se establece un reparto de utilidades límite máximo de 90 días de salario del trabajador o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más benéfico para el mismo.

La diputada indicó que las modificaciones presentadas eliminarán aquellas prácticas que dañan los derechos laborales erradicando las que operan en la actualidad, a través de diversas formas de simulación en perjuicio de las personas trabajadoras y del erario.

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