• Participan funcionarios y expertos en materia de seguridad y derechos humanos

• Este ejercicio ha sido enriquecedor para que las y los legisladores tengan claro los aspectos de la minuta

14-04-2021.- En el tercer día de las “Audiencias Públicas sobre la Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República”, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), resaltó que estos ejercicios han sido muy enriquecedores para que las y los legisladores que integran esta instancia legislativa puedan tener muy claro cuáles son los aspectos de esta minuta y cuáles son las preocupaciones.

Consideró que lo que se ha visto a lo largo de estas audiencias públicas permitirá ponderar y tener elementos precisos que normen el debate que se llevará a cabo en la Comisión de Justicia.

Modernizar las bases jurídicas deberá transformarse en un mejor ejercicio de la justicia

En el bloque 1, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, señaló que modernizar las bases jurídicas “seguramente deberá transformarse en un mejor ejercicio de la justicia”. Estimó que este esfuerzo debe coronarse no sólo para modernizar la ley de la Fiscalía General, sino a través de esta iniciativa modernizar las leyes de las 32 entidades de la República, que “son distintas, diversas, con lagunas muy importantes en el ejercicio de las funciones de justicia”.

Subrayó que otro tema importante a través de la modernización de las leyes es cómo unir los esfuerzos de coordinación; deben establecerse bases muy concretas, con mucha firmeza y con responsabilidades. Consideró que esta cadena de seguridad y justicia debe revisarse con esa visión profunda que requiere justamente leyes ágiles y factibles de aplicarse.

Otro tema, dijo, que “espero pueda tratarse”, es la obligatoriedad de los estados para financiar el desarrollo de la justicia”. Indicó que esta nueva ley debe ser el marco de referencia no sólo para la Federación, no sólo para la Fiscalía General, sino para unificar ya una estructura de justicia que marche a la par con los estados de la República.

Hasta hoy por la mañana se tienen más de 86 mil 790 personas reportadas como desaparecidas

La Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna, resaltó que la Fiscalía General de la República tiene entre un 94 y 98 por ciento de impunidad; es decir, cerca de 2 casos son avanzados para sentencia ante un juez. Al día de hoy, sólo existen 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada de personas, de las cuales la mitad ha sido impulsada por la FGR y la otra mitad por fiscalías estatales. Además, hasta hoy por la mañana se tienen más de 86 mil 790 personas reportadas como desaparecidas.

Recordó que hace 2 años esta Legislatura aprobó una ley muy importante y jamás fue aplicada y lo que nos convoca hoy es una reforma total a esta Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual “pretende regresar a la antigua Procuraduría General de la República”.

Expresó su preocupación por que se excluyen los derechos de las víctimas; se debilita aún más el mecanismo de apoyo al exterior, se hace aún más oscuro el plan de persecución penal y esto también tiene una incidencia en los temas de identificación. Solicitó que se suspenda la discusión y que se analice la Ley Orgánica vigente y “que la Cámara de Diputados no apruebe una reforma que es regresiva y que es inconstitucional”.

Autonomía de FGR para alcanzar la justicia y reparación de daños de las víctimas

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, comentó que la apertura de las audiencias en la materia debe traducirse en acciones legislativas que permitan garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas. “No se trata solamente de una reforma a una ley orgánica, sino de una ley que no ha logrado implementarse”, enfatizó.

Consideró que la Fiscalía requiere de una visión de Estado y no segregarse de las instituciones públicas en su conjunto. “Debe existir una discusión con mayor detenimiento, que no revierta los derechos alcanzados por las víctimas; queremos una autonomía de la Fiscalía para que se haga realidad el derecho a la justicia y a la reparación del daño que establece la Constitución”.

Comisionada, senadores y expertos

En el bloque 2, Sol Salgado Ambros, comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de México, dijo que un Parlamento Abierto no alcanzaría para escuchar a 86 mil familias de víctimas de desaparición que, dijo, han sido sepultadas en el desorden institucional de las fiscalías. “Debemos tener miedo de crear un súper órgano, debemos pensar qué pasaría si esta ley nos fuera aplicada como víctima”.

El director de la Asesoría Jurídica Federal y encargado de Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Alejandro Jiménez, dijo que no se propone ninguna ruta para una transformación del acceso a la justicia. Y, por el contrario, “se alcanza a ver un entendimiento de la autonomía que busca desentenderse aún más de su colaboración y articulación con las distintas agencias del Estado con las que debería trabajar para lograr resolver este problema que es una agenda de Estado”.

El senador Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, enfatizó que la ley tiene regresiones muy importantes hacia un modelo institucional mucho más cercano a la PGR. Precisó que se ve una concentración excesiva de facultades en el fiscal y ejemplificó que se puede atentar contra el criterio de autonomía e independencia en los trabajos de los ministerios públicos.

El senador Damián Zepeda Vidales (PAN) integrante de la Comisión de Justicia del Senado, refirió que los cambios propuestos para la iniciativa de una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, son suficientes para mejorar la vigente ya que, dijo, mejora la rendición de cuentas de la fiscalía, particularmente en el ámbito legislativo. “En lo personal no me gusta la ley actual y me parece ésta una mejor ley, pero no creo que cambie el Sistema de Justicia”.

Alberto Nava Garcés, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), consideró necesario que el Instituto siga siendo contemplado. Las relaciones no pueden ni deben cancelarse por la entrada de una ley, debe mantenerse la coordinación que existe con el INACIPE. “A estas alturas lo único que nos gustaría saber es que no será un asunto de obvia resolución”, concluyó.

Bernardo León Olea, consultor en materia de seguridad, resaltó que esta ley no añade nada a la justicia ni a la operación de la Fiscalía. “Qué sentido tiene hacer una Ley Orgánica que no solamente no abona nada, sino que nos mete en problemas porque otra vez estamos creando no un órgano autónomo, estamos creando un poder, un cuarto poder”. Estimó que valdría la pena revisar el sistema de justicia.

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