• Incremento en recursos no se refleja en disminución de violencia: expertos

19-08-2021.- El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria realizó, de manera virtual, su séptima reunión con el tema “Requerimientos de Gasto en Seguridad”, en la cual expertos consideraron que el incremento de recursos no se ve reflejado en la disminución de la violencia.

El diputado Alfonso Ramírez Cuellar (Morena), quien preside el Grupo, explicó que el objetivo es que los ponentes ayuden a diseñar estrategias de prevención del delito, así como su focalización por zonas y regiones, la integración de fondos, y de atención a víctimas de violencia. “A pesar de los compromisos institucionales no hemos podido honrar la palabra del Estado para atender este problema”.

Pidió a los expertos contribuir en la elaboración del documento final que haga más flexible la estrategia ante esta epidemia de inseguridad y crímenes que no se detienen y de la cual “aún no encontramos vacuna”.

“No solo queremos plasmar nuevos montos y fondos específicos, sino también ideas y propuestas para enriquecer la estrategia de seguridad pública y garantizar la pacificación del país”, precisó.

Al presentar el documento en materia de seguridad, redactado en colaboración con diversas asociaciones civiles, Adriana Hernández Hortiales, enlace técnico del Grupo de Trabajo, dijo que de 2010 a 2017 el presupuesto para este rubro ha sido del 0.8 por ciento del PIB, el más bajo entre los integrantes de la OCDE, además de que no obstante el crecimiento en la asignación de recursos no se ha observado una reducción de la violencia.

“Lo que se busca en este foro es saber si se requiere un aumento de recursos o un cambio de estrategia. En 2020 se estimó que el impacto económico de la violencia fue de 4.7 billones de pesos, es decir el 22 por ciento del PIB, o el equivalente a 15 veces al gasto en seguridad, que es de 36, 893 pesos por persona”.

Puntualizó que, de acuerdo al análisis y datos del INEGI, la relación entre la tasa de homicidios en cada entidad y el gasto estatal per cápita no refleja una reducción entre ambas variables. “No hay una relación entre el gasto de seguridad federal o estatal y los niveles de victimización”.

El director general de Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero Gutiérrez, consideró que el gran motor de la violencia en México es el crimen organizado, dos terceras partes de los homicidios que se registran tienen que ver con este fenómeno; es decir, de cada tres mil homicidios al mes dos mil tienen vínculo con el crimen.

Afirmó que es importante intervenir oportunamente y tener fondos con reglas de operación que permitan de manera fluida, flexible y versátil atender los focos rojos, a fin de contener el conflicto y evitar que se convierta en un problema a largo plazo que le cueste al erario público más dinero. “Necesitamos una buena auditoría de la implementación de estos recursos para que se utilicen en un programa para contener la violencia a corto plazo y evitar que haya desviaciones”.

Roberto Valladares, también de Lantia Intelligence, señaló que el fenómeno de los conflictos armados es una emergencia que no se puede solucionar con políticas ordinarias, por lo que es necesario que haya la capacidad del Estado para atenderlo.

“En el presupuesto se tiene que considerar que estamos en una situación de emergencia, que no solo es un tema de construcción de instituciones a largo plazo, de atención a programas estructurales, sino de cómo atender esta emergencia para llegar a niveles en donde la violencia ya esté a niveles manejables”.

La directora de finanzas pública y anticorrupción de ETHOS, Dania Toledo Toledo, dijo que el incremento al gasto para seguridad en los últimos años no ha servido para posicionar a México como uno de los países con mayores inversiones en América Latina. “Si no tenemos candados en el ejercicio del gasto, la mayor inversión no se reflejará en mejores resultados en materia de violencia”.

Puntualizó que es fundamental conocer quién se lleva la mayor parte de recursos a nivel federal para seguridad interior. “En lo que respecta a la Guardia Nacional no existen indicadores, no tenemos manera de medir cómo se están obteniendo recursos con toda la inversión que se está haciendo”. Agregó que en las transferencias federales debería haber una apuesta de los gobiernos de los estados para invertir en solucionar problemas que son suyos.

Francisco Alberto Pérez Pacheco, coordinador de seguridad del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) mencionó que no se ha logrado reducir la epidemia de violencia, sumado a que el gasto está pulverizado y concentrado solo en algunos programas, pues son muchas unidades las encargadas de la operación del recurso, lo que deviene en ineficiencia y desigualdades.

Comentó que a partir de la creación de la Guardia Nacional, esta ha ejercido más recursos de los que tiene asignados, es decir no ha logrado mantener sus parámetros de gasto aprobados. “Abundó que en 2021 la Guardia Nacional pasará de 35 mil millones aprobados a 104 mil millones de pesos”.

Arturo Piñeiro Monreal, de IMCO, indicó que no existe “la bala de plata” para el tema de la inseguridad, además de que no puede hablarse de éste sin incluir la procuración e impartición de justicia, lo que está estrechamente ligado a la calidad de vida de las personas. “En México el Gobierno Federal y algunas entidades han querido atender la prevención, pero no han logrado resultados”.

Señaló que con la eliminación del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) ya no existirá la profesionalización, capacitación, inversión e infraestructura en corporaciones policiales estatales y municipales.

El investigador del programa de Derechos Humanos de Fundar, Ángel Ruiz, solicitó canalizar recursos para el rubro de atención a víctimas. “Si observamos el comportamiento del gasto del extinto fideicomiso del FAARI, podemos ver que más o menos tendríamos que destinar 863 millones de pesos anuales para ayuda, atención, asistencia y reparación integral”.

Mencionó que las comisiones locales de atención a víctimas no tienen presupuesto ni mecanismos de coordinación con las diferentes instituciones de seguridad y salud que implican la atención a víctimas y esos son costos que al final se transfieren a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por lo que se debe fortalecer su presupuesto.

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