• La diputada Almeida López (PRD) promueve reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

• Busca el repunte de la industria automotriz y mitigar los efectos adversos de la contaminación

17-01-2021.- La diputada Mónica Almeida López (PRD) propuso una iniciativa que reforma el artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de establecer que los propietarios de vehículos eléctricos paguen solamente el 50 por ciento del peaje en relación con los automóviles de combustión.

Precisa que los automóviles, cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como por automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, deberán pagar el 50 por ciento del peaje.

La propuesta, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, señala que se busca generar un beneficio palpable que incentive a la población a adquirir vehículos eléctricos, y con ello un repunte en la industria automotriz mexicana, además de mitigar los efectos adversos de la contaminación y los costos por enfermedades cardio-respiratorias, causadas por los vehículos de combustión.

Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, un mexicano puede pagar hasta 27 mil pesos de gasolina al año por un uso cotidiano del vehículo, hablando de carros compactos.

Enfatiza que el excedente en el precio de un vehículo eléctrico es prácticamente el costo extra que requiere el gasto en gasolina por el lapso de un año.

Por ello, en un panorama de uso de 5 años utilizando un vehículo a combustión se obtiene un monto que puede llegar hasta los 135 mil pesos por el pago de gasolina, lo cual indica que en ese plazo al comprar un vehículo eléctrico se puede tener un ahorro del 41 por ciento.

Subraya que nuestro país debe adaptarse a las tendencias internacionales y lograr incentivos que propicien el fortalecimiento del mercado interno.

Además, se necesita contar con políticas públicas que incentiven la renovación del parque vehicular que está generando grandes costos al Gobierno en materia ambiental.

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