• Se dio voz a sectores de la sociedad a quienes impacta directamente el conjunto de reformas: diputada Ortega Martínez

• Participaron las diputadas Mariana Rodríguez, Martha Tagle, Lorena Villavicencio y Verónica Juárez Piña, así como expertos en derecho internacional

Al concluir el seminario “Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia”, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez (PAN), dijo que se dio voz a los sectores de la sociedad a quienes impacta directamente el conjunto de reformas en esta materia.

No sólo se trata de proteger la independencia judicial, entendida como un aspecto fundamental para que las juzgadoras ejerzan correctamente su función, sino necesario para garantizar el derecho de acceso a la justicia, aseveró.

“Quienes integramos esta LXIV Legislatura queremos dejar constancia de dos tareas indispensables que todos los legisladores deberían llevar a cabo: la apertura para escuchar a la sociedad antes de tomar decisiones en el ámbito legislativo y congruencia para sostener la defensa de la Constitución hasta sus últimas consecuencias”, añadió.

Puntualizó que el mayor valor de todos los Congresos es la pluralidad, la cual se hace más vigente cuando son escuchadas las minorías parlamentarias; por ello, será fundamental la acción de inconstitucionalidad desde la Cámara de Diputados que “presentaremos quienes estamos en la oposición y también algunos compañeros del partido mayoritario”.

Refirió que esta acción no es solamente a fin de demostrar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad del Artículo Décimo Tercero Transitorio, sino para recalcar el valor de la inamovilidad judicial.

Además, dijo, cuestiona la posibilidad de que se concentren casos discrecionalmente en tribunales específicos y eliminar aquellos procesos sancionatorios para jueces cuando no cumplan con las garantías constitucionales mínimas, tales como la de audiencia y certeza jurídica, que deberán ser objeto de la presentación de esta acción para defender la democracia e independencia judicial.

Las leyes no pueden ser personalizadas, sino generales

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) resaltó que “las leyes no pueden ser trajes a la medida, sino que tienen que ser generales, abstractas y no pueden ser personalizadas. Evidentemente de lo que se trata cuando se legisla es de fortalecer las legislaciones”. Destacó la importancia de los contrapesos para evitar abusos de poder en el que pudieran incurrir tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo.

Afirmó que quienes impulsaron este seminario “estamos plenamente comprometidas con el Estado de derecho” y dijo que van a promover la acción de inconstitucionalidad porque la reforma es violatoria de diversos artículos. “No podemos permitir que se siente este precedente que podría amenazar nuestra democracia, donde la división de poderes y el respeto son fundamentales”, apuntó.

Peligroso, modificar la Carta Magna con legislación secundaria

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) consideró que “las intenciones autoritarias y de ataque que ha tenido el Poder Ejecutivo para imponer, incluso en contra de la Carta Magna, la ampliación del periodo no únicamente del ministro presidente sino también de los consejeros de la Judicatura abre la posibilidad y puede generar un precedente de que nuestra Carta Magna podría ser modificada a través de legislación secundaria, lo cual resulta muy peligroso”.

Señaló que durante las últimas cinco semanas se ha tenido la oportunidad de escuchar a expertos, académicos, representantes de diversas organizaciones sociales, jueces y magistrados respecto de uno de los temas más sensibles para la sociedad, que es la independencia del Poder Judicial y, por supuesto, la impartición y administración de justicia.

Reforma al Poder Judicial atropelló procesos legislativos

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) resaltó que la reforma al Poder Judicial atropelló procesos legislativos y entre ellos la posibilidad de analizarla a fondo. El Décimo Tercero Transitorio llevó la mayor parte de las discusiones hacia el tema de la ampliación del mandato del presidente de la Corte y de algunos integrantes del Consejo de la Judicatura. Es importante no solamente llevar una acción de inconstitucionalidad en la materia de dicho Transitorio, sino ir más allá, advirtió.

Consideró que los criterios establecidos en la reforma son insuficientes para cumplir con la garantía de inamovilidad y permanencia en el cargo. Estimó fundamental llevar a revisión una posible inconstitucionalidad de los mecanismos de suspensión previstos en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de dar garantías de independencia a las y los operadores de justicia.

Las propuestas estarán en la acción de inconstitucionalidad

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, afirmó que las propuestas vertidas en las mesas de trabajo se verán cristalizadas en la presentación de la acción de inconstitucionalidad que presentará la Cámara de Diputados en próximos días.

“Aquí se han derivado otra serie de propuestas y comentarios que nos llaman a no quitar el dedo del renglón de la relevancia que tiene la independencia y autonomía judicial”, expresó.

Expertos y abogados en derecho internacional

Previamente, en la Mesa 5 “La independencia judicial desde la perspectiva convencional”, Marta Cabrera Martín, abogada Senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refirió que el artículo 8 de los Principios de Bangalore menciona que los jueces tienen derecho a la libertad de expresión, pero hay un límite. Y el límite, dijo, es que se respete la dignidad de la función del juez y la independencia e imparcialidad, no sólo como principio, sino como derecho contenido en la Convención Interamericana.

Destacó la relevancia de la libertad de expresión, sobre todo en el ámbito de la Judicatura. En términos generales, este principio es la piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática y es un instrumento más que se tiene desde la Judicatura para defender la independencia y la imparcialidad, comentó.

Bruno Rodríguez Reveggino, asesor de la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que en materia de independencia judicial este organismo ha desarrollado estándares internacionales como el derecho al acceso a la justicia que establece las garantías de las personas a ser escuchadas, la protección judicial y los derechos políticos.

Consideró que la independencia de los jueces tiene una faceta institucional como individual; institucional, en tanto que el sistema tiene que asegurar su independencia con otros poderes, e individual, dado que tienen una garantía de independencia, ya sea respecto a otros juzgadores o en cuanto al sistema como tal.

Alfredo Ortega Franco, ex funcionario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y abogado litigante en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), subrayó que los integrantes de la Judicatura buscan garantizar la independencia interna de los poderes judiciales. Estimó que deben conducirse con autonomía presupuestaria y administrativa, ausencia de control político, adecuados procesos de nombramiento y sin presiones externas.

Recalcó que los procesos de selección tienen que garantizar igualdad de condiciones, no discriminación, destacar méritos y capacidades, así como transparencia como medida preventiva a la corrupción. Consideró que la separación de los jueces debe obedecer a causales permitidas o por término de su mandato; sólo pueden ser destituidos por falta de disciplina grave, aclaró.

Víctor Manuel Rodríguez Rescia, presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), puntualizó que preocupa que el trabajo del Poder Judicial sale a la luz todos los días. “En México está expuesto ya sea en las mañaneras del Presidente o en la prensa; esto está mal porque hay una sobreexposición en relación con ataques generalizados y señalamientos a ciertos jueces sin documentar ningún tipo de afectación o delito y es peligroso”, subrayó.

Consideró prioritario tratar de reconstruir una relación sana de respeto a la integridad y soberanía que debe haber en los balances y criterios para un manejo adecuado del Estado de derecho y, sobre todo, de la seguridad jurídica.

A su vez, Carlos Urquilla, abogado del IIRESODH, habló sobre la experiencia en El Salvador y México. Destacó la importancia de que la comunidad internacional cierre filas en torno a la independencia judicial porque, añadió, es un principio que aporta al desarrollo sostenible, atracción de inversiones, crecimiento económico, y a la democracia sustantiva.

“No hablamos de un tema más, es el tema que puede causar la diferencia en la calidad de la sociedad. Su relevancia debe ser especialmente protegida. Veo una respuesta bastante débil ante las graves amenazas que existen y éste es un problema generalizado”, aseveró.

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