• Lo fundamentan las comisiones de Salud y de Justicia

• El Pleno rechazó una moción suspensiva

10-03-2021.- En sesión semipresencial, la Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud, a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Nuevo paradigma de la política de drogas

En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Carmen Medel Palma (Morena), subrayó que se acordó establecer un nuevo paradigma en la política de drogas que, hasta el día de hoy, se ha basado fundamentalmente en una visión prohibicionista.

Indicó que dicha visión “ha demostrado ser un rotundo fracaso y ha generado que el acceso a las drogas, como problema de salud pública, haya aumentado. Los índices de violencia y la criminalidad también han incrementado y se han perdido numerosas vidas en un conflicto derivado de la prohibición”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2011 y 2016 en la población total el consumo alguna vez en la vida de cualquier droga, drogas ilegales y marihuana, aumentó 7.8 por ciento, 7.2 por ciento, 6 por ciento, 10.3 por ciento, 9.9 por ciento y 8.6 por ciento, respectivamente.

Tales datos, afirmó, tienen un factor que justifican la preocupación de las autoridades, porque demuestran una irreversible tendencia al alza del problema de narcotráfico. En el ámbito de salud, añadió, es evidente la necesidad de un cambio de rumbo para modificar estas tendencias crecientes.

“No podemos cerrar los ojos ante esta realidad. En nuestro territorio han tenido lugar más muertes por la lucha contra el narcotráfico que a causa del consumo problemático de drogas, que ha fomentado un comercio ilegal. Se ha empoderado a la delincuencia organizada y arrastrado a diversos sectores de campesinos y comunidades marginadas a optar a emplearse en actividades productivas y laborales ilícitas”, agregó.

Además, dijo, se ha apartado a sectores productivos de la oportunidad de incorporarse al sistema económico que coadyuve al desarrollo sostenible del país; no ha permitido una justa distribución tributaria y tampoco ha fomentado la paz ni la seguridad.

La minuta, dijo, establece en el artículo 193 que las conductas relacionadas con el cannabis psicoactivo serán punibles; se propone incluir una definición de cannabis psicoactivo para dar certeza jurídica; no se consideró adecuado modificar los artículos 194, 195 y 195 Bis vigentes; se propone excluir del artículo 198, la referencia al cultivo, siembra, cosecha de planta de mariguana, para regularlo en el artículo 198 Bis.

Relató que la minuta fue analizada con funcionarios públicos, investigadores, académicos, organizaciones de sociedad civil y población en general, a través de las audiencias públicas. También se consideraron las recomendaciones internacionales y se contemplaron las opiniones de las comisiones de Derechos Humanos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Enfoque de respeto a los derechos humanos

El secretario de la Comisión de Justicia, diputado Rubén Cayetano García (Morena), señaló que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis tiene el enfoque del libre desarrollo de la personalidad, la salud pública y el respeto a los derechos humanos.

Además, las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de cannabis y sus derivados, se sostiene bajo los argumentos de que México vive un obsoleto modelo prohibicionista, a efecto de proteger la salud de la población, por lo que se sancionan las diversas actividades relacionadas con su uso, desde la producción hasta el consumo, salvo los mínimos casos ya previstos en la ley.

Refirió que la Comisión Global de Política de Drogas afirma que el daño que provocó la prohibición y, por ende, la guerra contra las drogas en México causó más estragos que las afecciones a la salud atribuidas a las drogas.

El consumo de sustancias psicoactivas, entre estas el cannabis, dijo, no está considerado como uno de los graves problemas de salud pública en México, como lo es el alto índice de mortandad por diabetes, cáncer, enfermedades renales y del corazón, entre otras fomentadas por el exceso del consumo del azúcar, grasas, comida chatarra, malos hábitos alimenticios, sedentarismo, entre otros.

Cayetano García precisó que existen diversas experiencias internacionales de países que han permitido el uso de cannabis para ciertos fines; algunas naciones lo han incluido en su regulación para fines medicinales y otros, incluso, para el consumo personal y recreativo.

Mencionó que el comercio y suministro de cannabis psicoactivo, podrán ser investigados, perseguidos y, en su caso, sancionados por las autoridades del fuero común cuando la cantidad de que se trate sea inferior a 5.6 kilogramos y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada.

La regulación de cannabis, afirmó, no es abrupta e inmediata sino gradual y sustentada en evidencias. Especifica disposiciones claras de los actos que permite la regulación y las condiciones o requisitos para ello; las prohibiciones y las sanciones ante el incumplimiento; contiene medidas que protejan la salud pública; establece mecanismos para el control y reducción de daños, así como para conocer y evaluar la implementación.

De igual modo, atiende la prevención del consumo de cannabis psicoactivo; aborda las diversas áreas que impactan la regulación, desde los aspectos multifactoriales y multidisciplinarios inherentes en la implementación; es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo; tiene un enfoque de justicia social; contribuye a lograr la paz y la seguridad; fomenta el desarrollo sostenible y coadyuva a lograr una justa distribución de los impuestos recaudados.

Rechazan moción suspensiva

El Pleno rechazó una moción suspensiva de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), quién llamó a cumplir con lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues “el dictamen no cumple con ello, ya que carece de asistencia y de apoyos específicos para las comunidades que aquí se dice que serán incluidas; se favorece a las empresas trasnacionales”.

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