• Será considerado lo expuesto por expertos en el Parlamento: diputada Irma Juan Carlos

• Expertos proponen una reforma constitucional para desarrollar todos los derechos indígenas y establecer una nueva relación

30-03-2021.- Se clausuró el Parlamento Abierto virtual de análisis rumbo a la dictaminación de la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indignas y Afromexicanas, en donde legisladoras y legisladores, integrantes de las comisiones de Pueblos Indígenas y de Gobernación y Población, externaron sus comentarios al respecto.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena) precisó que será revisada minuciosamente la redacción de la iniciativa y se considerará todo lo que se expuso en el foro. Habrá temas de mucha discusión y que se tiene que analizar en términos jurídicos, para no incurrir en faltas y violaciones a los derechos.

Dijo que “el documento está pensando en el reconocimiento de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos; no es un favor que le hacemos, no queremos formar parte de la historia gris y negra del país que los abandonó; se trabaja pensando en el desarrollo del país y el respeto de los derechos fundamentales”, señaló.

Refirió que presentó una iniciativa para reformar la Carta Magna tendente a reforzar los derechos de las etnias, construida con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), “venimos revisando estos temas para no dejar vacíos legales” aseguró. Hizo votos porque la Comisión de Puntos Constitucionales la dictamine a favor.

Consideraciones de las diputadas y los diputados

La diputada Mayusa Isolina González Cauich (PRI) comentó que se tiene que trabajar, concretar, ser palpable y real este pleno respeto a los derechos humanos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas. “Legislar sobre la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos no es un favor que el Estado le hace al pueblo; es un derecho que se tiene que reconocer, garantizar, promover porque así lo mandata la Constitución”.

La legisladora María del Carmen Almeida Navarro (Morena) dijo que, están dispuestos en hacer una ley general pero también asumir la responsabilidad, compromiso y el trabajo que implica darles lugar a estas comunidades. “Decirle específicamente al sector minero, que esta ley no solo viene con un retraso histórico, sino que viene para quedarse y mejorar, vamos a hacer todo lo posible porque sea una ley que sea ejemplar a los estándares internacionales.

El diputado de Morena, Alejandro Ponce Cobos, dijo que es importante analizar y aprobar la iniciativa ya que los Pueblos y Comunidades Indígenas han estado abandonados en la historia del país. “La Comisión ha hecho valer sus derechos; hemos hecho valer las voces de nuestros pueblos originarios, se les hace justicia y se les reconoce”.

Participación de expertos

Tatiana Alonso Sierra, profesora de tiempo completo de Derecho en el ITAM, comentó que existen diversas áreas de oportunidad en la iniciativa que pueden mejorar para que esté al nivel de estándares internacionales. “Es importante que la iniciativa legislativa reconozca el carácter de la función como medio para garantizar la libre determinación de la autonomía de los pueblos indígenas”.

José Gabriel Baeza Espejel, integrante del Centro de Investigaciones Interculturales, Jurídicas y Ambientales, propuso introducir en el artículo 14 de la iniciativa el concepto de “evaluación de impacto social y ambiental” y que la SEMARNAT sea la encargada de estas evaluaciones. Además, que los gobiernos Federal y estatales financien dichos estudios.

De la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C., María Nieves García-Manzano, coordinadora de Asuntos Indígenas, consideró que el derecho a la consulta tiene que estar reconocido en el artículo dos de la Constitución, para derivar después en una ley reglamentaria a ese precepto y establecer una estructura normativa jerárquica, a fin de evitar que haya diversas leyes que regulen la consulta, sólo así habrá una institucionalización clara. Dijo que los pueblos tienen que definir cómo quieren elegir a sus autoridades para que sean reconocidas por las comunidades y por los gobernantes, a fin de evitar la exclusión en las decisiones.

Juan Carlos Martínez Martínez, coordinador general de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), planteó no olvidar que es fundamental tener una reforma constitucional que pueda desarrollar todos los derechos indígenas para establecer una nueva relación. Consideró que la Ley General aspira a dar claridad a la certeza jurídica para los pueblos y terceros interesados para realizar proyectos en beneficio social, no por encima de los derechos indígenas.

Guillermo Morales Gutiérrez, director de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas dijo que la iniciativa en cuanto al marco jurídico sí se ha tomado en cuenta tratados internacionales. Asimismo, que la ley de consulta para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sería una ley marco que regiría procesos de consulta de actos de autoridad que se pretenden llevar a cabo o implementar.

Aristeo López Pérez, secretario de La Nación Otomí e Indígena Hñähñu comentó que se debe trabajar en incorporar las demandas planteadas en los foros. También implementar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo del sector indígena que involucre temas de educación, economía, sustentabilidad, lengua, cultura, infraestructura, espacios culturales, justicia, alimentación, entre otros.

María Rosa Guzmán Valdez, en representación de la Comisión para el diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, dijo que a diferencia de la consulta pública, la indígena cuenta con criterios que deben de estar presentes para garantizar un adecuado proceso, no debe de agotarse como un mero trámite formal y debe concebirse como un verdadero instrumento de participación.

Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que es necesario cumplir los estándares internacionales como el consentimiento libre, previo e informado basado en los derechos humanos y el informe de la relatoría especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. “El no cumplimiento de estos estándares generan desconfianza, conflictos y múltiples violaciones a derechos humanos”, señaló.

Rodolfo Moreno, doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, catedrático de Derecho Civil Mercantil en el Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial, apuntó que la consulta es un derecho que debe reconocerse no puede posponerse, ni frenar la discusión; sugirió superar los retos políticos y técnicos para aprobar la Ley General y no detener o retrasar la expedición, así como privilegiar el compromiso de civilidad política y social para garantizar el acceso a la consulta.

Simón Néstor Ruiz Hernández, enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas A.C., integrante del pueblo afromexicano, aseguró que esta población pasa desapercibida y está excluida en la exposición de motivos del proyecto de dictamen, por lo que propuso modificar el artículo 10, fracción vigésima cuarta, para incluir a esta población, quien tienen su propia cultura y tradiciones, no inventamos nada, estamos por siglos en el país; no obstante, sólo se refiere a los indígenas la propuesta.

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