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| Boletín N°. 0172 | Diputadas y diputados proponen reformas a nueve ordenamientos |
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07-10-2021.- Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD presentaron este jueves nueve iniciativas para reformar la Constitución Política y distintas leyes en materia de Mipymes, infraestructura para transporte urbano, ciencia y tecnología, pensiones y jubilaciones, hidrocarburos, acceso a Internet y paridad de género.
Consejo Nacional para la Competitividad de la Mipymes
La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (Morena) expuso una iniciativa para reformar el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de que el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tenga entre sus integrantes a un representante de las entidades federativas por cada Consejo Estatal y de la Ciudad de México.
La propuesta, remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, también plantea establecer que el consejo pueda invitar a participar en las sesiones, con voz, pero sin voto, a otras dependencias y especialistas en los temas a discusión. El documento indica que es fundamental crear un vínculo estrecho que permita escuchar, entender y atender las necesidades particulares de cada entidad federativa, así como encontrar puntos de convergencia para impulsar programas regionales.
Se debe atender la infraestructura para transporte público
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) propone reformar diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Código Penal Federal y de la Ley General de Víctimas, en materia de seguridad en infraestructura para transporte público.
Plantea establecer que, en los procedimientos de contratación de obra pública para la construcción de infraestructura de transporte público, contemplen disposiciones reglamentarias en materia de seguridad y protección civil; en caso de accidentes graves que pongan en riesgo la seguridad y salud de los usuarios de la infraestructura vial y de movilidad, se podrán constituir comisiones para apoyar a las denuncias ciudadanas. Se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen; y a la Comisión de Justicia, para opinión.
Incremento de recursos para ciencia y tecnología
La diputad del PRI, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz presentó iniciativa que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin de incrementar los recursos asignados a esta materia y que este no sea menor a 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Asimismo, generar un instrumento que garantice la asignación de estos fondos en el PEF.
El documento, que fue enviado a la Comisión de Ciencia y Tecnología, refiere que el monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor a 1.5 por ciento del PIB mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley.
Prohibir uso de asbesto y sus variantes
María del Rocío Corona Nakamura, diputada del PVEM, planteó adicionar el artículo 282 de la Ley General de Salud, para establecer que queda prohibido el uso, almacenamiento y/o comercialización de asbesto y sus variantes, así como de sus productos o derivados, considerados en términos de la ley como sustancia peligrosa y tóxica para la salud de las personas.
El documento, enviado a la Comisión de Salud, menciona que se tiene el registro de que en el ámbito mundial más de 50 países ya han prohibido determinante y absolutamente su uso, pero en México, el asbesto no está prohibido, porque “los intereses económicos de particulares se han impuesto o han sometido al interés supremo de la salud pública”.
Obligación de los Patrones contratar fondos de pensiones
Desde la plataforma digital, la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) planteó cambios a los artículos 110 y 132 de la Ley Federal del Trabajo, con la cual se busca que sea obligación de los patrones el contratar un fondo de pensiones o jubilaciones complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social para los trabajadores, cuando estos últimos así lo soliciten. Dichos planes deberán reunir los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Asimismo, establecer que los descuentos en los salarios de los trabajadores estén prohibidos, salvo en el caso de las aportaciones destinadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social o bien para fondos destinados a los planes personales de retiro contratados por el trabajador. Además, eliminar los topes establecidos en la fracción X del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se canalizó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público.
Se debe prohibir la extracción de hidrocarburos
La diputada María Elena Limón García (MC) plantea reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que se prohíbe la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos por medio de la fractura hidráulica, así como cualquier otro método que atente en contra de la integridad del medio ambiente.
Indicó que el fracturamiento hidráulico, es un tratamiento de estimulación que se realiza en yacimientos de baja permeabilidad, con la finalidad de generar una comunicación de alta conductividad entre la formación y el pozo productor. Este se realiza por medio de la inyección de fluidos con diseños técnicos especiales, los cuales se bombean a una presión y a un régimen de bombeo alto en el intervalo a tratar, mismo que provoca la apertura de fracturas verticales que se extienden lejos del pozo. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tasa cero al servicio de acceso a Internet
Del PRD, la diputada María del Rocío Banquells Núñez presentó iniciativa por la que se adiciona el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el fin de que se calcule aplicando la tasa cero cuando se realicen las actividades siguientes: Servicio de acceso a Internet, a través de una red fija o móvil, consistente en todos los servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a Internet se presten a través de una red de telecomunicaciones.
El documento, turnado a la Comisión Hacienda y Crédito Público, precisa que cuando estos servicios se ofrezcan de manera conjunta con otros que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones, la tasa cero será procedente siempre que en el comprobante fiscal respectivo se determine la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a Internet de manera separada a los demás, no pudiendo ser diferente el costo del servicio en contratación conjunta y unitaria.
Paridad de género
A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión, se enviaron dos iniciativas de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena).
La primera, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, en materia de paridad de género en la conformación de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados; se adecua el lenguaje en la ley, y se cambia la forma en que se integran los órganos de gobierno, al establecer reglas específicas para la integración de las coordinaciones de los grupos parlamentarios, de la Mesa de Decanos y de la Mesa Directiva.
La segunda, busca reformar y adicionar los artículos 20 y 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objetivo de precisar que en los reglamentos internos de cada grupo deberán contener materializados los principios de equidad de género, para garantizar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Además, las posiciones directivas y de toma de decisiones al interior de los grupos, 50 por ciento de ellas serán ocupadas por mujeres, y de la misma forma, los grupos parlamentarios propondrán 50 por ciento de mujeres en la conformación de comisiones y comités, tanto para las posiciones de integrantes como para las juntas directivas.
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