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| Boletín N°. 1557 | La Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso |
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05-04-2022.- Por unanimidad de 480 votos, la Cámara de Diputados aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el objeto de actualizar la denominación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El dictamen, enviado al Senado, reforma el primer párrafo del artículo 1, la fracción XVI del artículo 1-A, el primer párrafo del artículo 2, el artículo 12, el primer párrafo del artículo 30, el primer párrafo del artículo 35, el primer párrafo del artículo 50-A, el primer párrafo del articulo 56, y el primer párrafo del artículo 57 de la citada ley.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) afirmó que el Tribunal desempeña un papel fundamental en el combate a la corrupción mediante el seguimiento de los juicios del orden administrativo.
Ante ello, consideró indispensable ajustar las diversas disposiciones que se requieran. “En la Comisión coincidimos en la intención de la iniciativa respecto a la importancia de legislar a la luz de los principios de certeza y seguridad jurídica, a fin de otorgar claridad y precisión en las normas; por ello, es necesario incluir en el texto legal la nueva denominación para una correcta interpretación y amplia comprensión de la ley”.
La reforma, indicó, recalca la importancia que la buena técnica legislativa le imprime al ordenamiento jurídico, porque requiere de amplio conocimiento de la esfera institucional, así como procedimientos y formulas estandarizadas que puedan emplearse en el diseño y redacción de las leyes sin menoscabo de la supremacía constitucional.
“Este dictamen apuesta por una armonización necesaria a diversos ordenamientos, a fin de contribuir positivamente a la claridad, entendimiento y ejecución de la norma”, reiteró.
De Morena, la diputada María Isabel Alfaro Morales puntualizó que reforzar y mantener la legislación actualizada es uno de los pilares que sostienen el Estado de derecho. “La necesidad de hacer adecuaciones se encamina a garantizar a la ciudadanía que el contenido de la ley esté dotado de legalidad y certeza”.
Refirió que la reforma abona en gran medida a la garantía plena del derecho de acceso a la justicia del que es acreedor el pueblo. “Recordemos que esto implica que el Estado deba asegurar que en las leyes no existan lagunas jurídicas, criterios encontrados, ni tampoco interpretaciones discrecionales”.
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