Boletín N°. 0899 Comisión de Seguridad Social acuerda reunirse con el titular del ISSSTE

25.-01-2022.- La Comisión de Seguridad Social, que preside la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), acordó reunirse con el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el fin de enriquecer la propuesta de dictamen a la iniciativa que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de prescripción de la pensión.

 

En reunión extraordinaria y semipresencial, la diputada Cisneros Luján dijo que actualmente la Ley establece que el derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios a recibir los recursos de su cuenta individual del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, prescribe a favor del Instituto a los 10 años de que sean exigibles.

 

Agregó que al dictamen se le hicieron modificaciones, y su objetivo es reformar el artículo 251, ya que el derecho de la persona trabajadora a recibir estos recursos es imprescriptible, bajo el argumento de que “todos los derechos humanos son intrínsecos, irrenunciables, inalienables, universales, progresivos e imprescriptibles, por lo que no tienen fecha de caducidad”.

 

Expresó que se determina que al ser las Afores instituciones financieras privadas, los recursos no reclamados en un tiempo de hasta 10 años, deben ser transferidos a las reservas del ISSSTE que atenderá las solicitudes de las personas interesadas para la devolución de esta cuenta de manera sencilla.

 

“Es importante garantizar que ese recurso no quede eternamente en una reserva que probablemente no va a ser exigible; entonces, al hacer una reserva específica para estos casos, se correría el riesgo de tener un recurso inutilizable”.

 

Vía zoom, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) consideró que con esta reforma se garantizará el derecho al trabajador o beneficiarios, en caso de fallecimiento, de cobrar ese dinero en cualquier tiempo y, por otro lado, evitar el riesgo de que si nadie cobra ese recurso se quedará en una cuenta administrada por una Afore eternamente generándole recursos a esa Afore sin que nadie fuera beneficiario de ese dinero.

 

Vía plataforma digital, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) expresó que es importante que el fondo de esta reserva sea intocable y manejable. “Creo que se debe establecer que se destinen a una reserva específica. Mi propuesta es que regresemos a la propuesta original, no entiendo por qué tendría que ponerse a las reservas generales de la Institución, porque el riesgo es que ante las presiones de otros fondos o prestaciones de la institución se utilicen esas reservas y luego no haya para los trabajadores”.

 

Vía zoom, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) indicó que esta reforma es oportuna y pidió aprobarla.

 

La diputada Rocío González Alonso (PAN) expresó que están a favor del dictamen; sin embargo, subrayó que las modificaciones a la propuesta original generan confusión porque “cuando no entran a un fondo específico, como venía en un principio, se va a un fondo general que ni siquiera existe. Es importante conocer la opinión del nuevo director del ISSSTE en este tema y si pudiéramos alargarla unas dos semanas para tener su opinión, o bien regresarlo con la redacción que teníamos en el dictamen anterior”.

 

En otros temas, la Comisión aprobó con 16 votos su opinión en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, propuesta por la diputada María Guadalupe Román Ávila, de Morena.

 

La diputada Cisneros Luján dijo que la propuesta plantea modificar el artículo 45 de la citada ley, a fin de establecer lo que se denomina prestaciones mínimas en las instituciones de seguridad pública; sin embargo, agregó, las prestaciones laborales a que se refiere la iniciativa no establecen régimen apropiado de seguridad social para los elementos adscritos a los distintos cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. Por ello, en el proyecto de dictamen se considera que dicha propuesta no es procedente.

 

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