El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, informó que propondrá modificaciones en la Ley de Responsabilidad Ambiental, a fin de elevar las sanciones y evitar que desastres como el ocurrido en Sonora queden impunes.

Aunque no detalló la propuesta, indicó que ésta forma parte de su agenda legislativa, misma que será presentadas en el periodo ordinario de sesiones que comienza a partir del primero de septiembre.

Al calificar el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, como “el desastre ambiental más grave en la historia del sector minero en nuestro país”, el legislador explicó que lamentablemente la sanción de 40 millones de pesos resulta ridícula frente a la contaminación que ocasionó el grupo México, para los niveles de tóxicos vertidos en el río Sonora.

“La multa no es suficiente, es decir, si será suficiente de conformidad al marco legal de esta misma ley, pero en el tema del deterioro las pérdidas son multimillonarias y eso tiene que ajustarse, porque para resarcir el daño ambiental, estamos hablando posiblemente de cientos de millones de pesos”, enfatizó.

Indicó que hasta el momento el informe técnico señala que los elementos contaminantes detectados son: cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, así como fierro, manganeso y plomo, por lo que “es urgente adecuar la legislación para evitar desastres ambientales que representen pérdidas humanas y materiales y mantener a México a la vanguardia, frente al sistema internacional de leyes de responsabilidad por daño ecológico”.

Escobar, dijo que actualmente, la Ley de Responsabilidad Ambiental permite a los Estados desarrollar nuevas estrategias para responsabilizar y sancionar a quien contamine, sin embargo, explicó que las reformas proponen incrementar las sanciones económicas principalmente para instituciones como Pemex y CFE.

“Con la nueva Reforma Petrolera se abrirá el mercado a otras empresas que entrarán en el sector hidrocarburos, de tal forma que necesitamos prevenir y robustecer la normatividad para evitar situaciones como la que padecen las familias que habitan a lo largo de los más de 200 kilómetros de longitud de los ríos Bacanuchi y Sonora, certificar que las instalaciones cumplan con las normas ecológicas y evitar que contaminen la flora y fauna donde se ubicarán”, señaló.

El líder parlamentario expresó que el objetivo de las reformas será establecer nuevas medidas de justicia ambiental, que permitirán que aquellos que están interesados en atender los temas ambientales, en fortalecer la acción corporativa a favor del medio ambiente, tengan la posibilidad de acercarse a las autoridades para resolver sus problemas, y con ello, “garantizar la construcción de un México desarrollado, más y mejor sustentable”.

Finalmente dijo que la intervención de la PGR en la mina de Cananea Buenavista del Cobre, abre el camino para contar con la evidencia suficiente que permitirá conocer a fondo las actividades de la minera, y saber a ciencia cierta si hubo negligencia por parte de la empresa que la llevó a cometer esta tragedia ambiental.

Aunque no detalló la propuesta, indicó que ésta forma parte de su agenda legislativa, misma que será presentadas en el periodo ordinario de sesiones que comienza a partir del primero de septiembre.

Al calificar el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, como “el desastre ambiental más grave en la historia del sector minero en nuestro país”, el legislador explicó que lamentablemente la sanción de 40 millones de pesos resulta ridícula frente a la contaminación que ocasionó el grupo México, para los niveles de tóxicos vertidos en el río Sonora.

“La multa no es suficiente, es decir, si será suficiente de conformidad al marco legal de esta misma ley, pero en el tema del deterioro las pérdidas son multimillonarias y eso tiene que ajustarse, porque para resarcir el daño ambiental, estamos hablando posiblemente de cientos de millones de pesos”, enfatizó.

Indicó que hasta el momento el informe técnico señala que los elementos contaminantes detectados son: cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, así como fierro, manganeso y plomo, por lo que “es urgente adecuar la legislación para evitar desastres ambientales que representen pérdidas humanas y materiales y mantener a México a la vanguardia, frente al sistema internacional de leyes de responsabilidad por daño ecológico”.

Escobar, dijo que actualmente, la Ley de Responsabilidad Ambiental permite a los Estados desarrollar nuevas estrategias para responsabilizar y sancionar a quien contamine, sin embargo, explicó que las reformas proponen incrementar las sanciones económicas principalmente para instituciones como Pemex y CFE.

“Con la nueva Reforma Petrolera se abrirá el mercado a otras empresas que entrarán en el sector hidrocarburos, de tal forma que necesitamos prevenir y robustecer la normatividad para evitar situaciones como la que padecen las familias que habitan a lo largo de los más de 200 kilómetros de longitud de los ríos Bacanuchi y Sonora, certificar que las instalaciones cumplan con las normas ecológicas y evitar que contaminen la flora y fauna donde se ubicarán”, señaló.

El líder parlamentario expresó que el objetivo de las reformas será establecer nuevas medidas de justicia ambiental, que permitirán que aquellos que están interesados en atender los temas ambientales, en fortalecer la acción corporativa a favor del medio ambiente, tengan la posibilidad de acercarse a las autoridades para resolver sus problemas, y con ello, “garantizar la construcción de un México desarrollado, más y mejor sustentable”.

Finalmente dijo que la intervención de la PGR en la mina de Cananea Buenavista del Cobre, abre el camino para contar con la evidencia suficiente que permitirá conocer a fondo las actividades de la minera, y saber a ciencia cierta si hubo negligencia por parte de la empresa que la llevó a cometer esta tragedia ambiental./arm/m