La Cámara de Diputados debe exhortar a los gobiernos estatales y municipales para que sometan a sus funcionarios públicos a la cruzada contra el crimen organizado, a fin de que la clase política recupere la confianza de la sociedad, señaló la legisladora Karina Labastida Ochoa.

Sostuvo que con la infiltración de la delincuencia en cargos de gobierno, como quedó al descubierto en Michoacán y Guerrero, no sólo se incrementa esa desconfianza de los ciudadanos, sino que incluso se justifica.

En entrevista, la secretaria de la Comisión de Justicia del Palacio Legislativo de San Lázaro, consideró que blindar las candidaturas a puestos de elección popular para evitar que sean ocupadas por gente del crimen organizado, como lo proponen algunos partidos políticos, es una medida que llega demasiado tarde.

La diputada se pronunció porque las investigaciones no se limiten a precandidatos a cargos políticos que estarán en juego el próximo año, sino que también alcancen a funcionarios públicos de mediano y alto nivel en los tres órdenes de gobierno.

Ello, luego de que el Partido Verde pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a su propia militancia y de que el PRD propuso crear una fiscalía especial para evitar que delincuentes obtengan candidaturas a cargo de elección popular.

Insistió en que se debe investigar no sólo a los candidatos a cargo de elección popular, sino a quienes ya ocupan esos puestos, “empezando por aquellos cuyos bienes materiales no corresponden con el dinero que han ganado como funcionarios”.

La representante de Acción Nacional por Naucalpan reconoció la autonomía de los gobiernos locales para acceder o no a que sus integrantes sean investigados.

Sin embargo, planteó que la Cámara baja cumpla con hacer un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que acepten someter a sus funcionarios públicos a esta cruzada y que los gobiernos que no acepten queden evidenciados ante la propia sociedad.

Es necesario detectar, evidenciar y castigar a los políticos que en el país ofrecen protección a los delincuentes, incluida la omisión para perseguirlos a sabiendas que lo son, y aplicarles todo el peso de la ley, ya que sólo de esa manera la clase política podrá recobrar la confianza de la sociedad. /gh/m