El diputado federal Daniel Ordóñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que propondrá reformas a la Constitución con el fin de fortalecer la figura de las candidaturas independientes.

En un comunicado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales indicó que presentará ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales.

Propondrá que el porcentaje de firmas requeridas para registrarse como candidato independiente sea en base a la última votación válida emitida y no en relación a la lista nominal, lo que reduciría considerablemente el número de firmas a recabar y facilitaría las posibilidades para alcanzar el registro.

Actualmente, el Artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que se requiere la firma del equivalente a uno por ciento del listado nominal para el caso de candidatos a presidente de la República y de dos por ciento para aspirantes a candidaturas al Senado y diputados.

Precisó que el listado nominal contiene todos aquellos ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón y cuentan con su credencial para votar con fotografía vigente, que en 2012 eran 79 millones 492 mil 286 personas.

Pero, indicó, “la participación ciudadana fue de 63.08 por ciento, equivalente a 50 millones 143 mil 857 votantes”, por ello la propuesta es que se pidan las firmas con base en la participación y no de todos los registrados en el listado nominal.

Con la reforma, indicó, (el uno por ciento de la votación válidamente emitida para el ámbito de presidente de la República), el total de firmas que requeriría un candidato independiente serían 488 mil 864, lo que evidentemente amplía sus posibilidades de alcanzar el registro.

Finalmente, precisó que lo que se busca es garantizar el ejercicio del derecho humano a ser votado, que los ciudadanos que así lo decidan cuenten con la oportunidad efectiva de ejercer sus derechos políticos.

Además, que se fortalece el criterio sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido que los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de oportunidades. edo/m