Al presentar su primer informe parcial correspondiente a la cuenta pública de 2016, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dio a conocer que como parte de la conclusión de 502 de las mil 836 denuncias que se realizarán al gasto del año pasado, se desprendieron 2 mil 424 promociones de responsabilidad administrativa; 30 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

En la reunión con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Portal aseveró que derivado de la fiscalización de la cuenta pública 2016, vinculada a estas auditorías concluidas -que representan 27 por ciento del total- las recuperaciones ascienden a mil 642 millones de pesos, cifra que, dijo, se incrementará conforme avancen las auditorías pendientes y transcurra el plazo para solventar observaciones efectuadas de estas 502.

No obstante, Portal reconoció que se mantienen cuestionamientos en torno a "una supuesta falta de efectividad de la fiscalización para poner coto a irregularidades, abusos y malos manejos, posición que es compartida por una gran parte de la sociedad; sin embargo, estamos convencidos de que, en la medida en que este órgano técnico goce de la confianza de la Cámara de Diputados y sus resultados se reflejen en modificaciones legislativas, estaremos coadyuvando a limitar las condiciones en la que estas fallas se producen".

Aseveró que puede tenerse también la percepción de que siempre se trata de las mismas situaciones, lo cual no muestra falta de rigurosidad de parte de la ASF, sino la existencia de problemas estructurales en distintas instituciones y en diversos renglones del gasto que han sido señalados por el órgano fiscalizador. Por ello, es preciso asumir ese carácter estructura para adoptar decisiones que los corrijan.

Se refirió también al acuerdo alcanzado con la Procuraduría General de la República para afinar detalles técnicos que favorezcan el seguimiento a las denuncias presentadas por la ASF, al tiempo que ésta promovió una propuesta formal ante el Sistema Nacional Anticorrupción para analizar las necesidades que tienen los ministerios públicos en esta materia. "No hay que descartar que, en gran medida, la brecha entre la procuración de justicia y las expectativas ciudadanas se explica por la falta de recursos humanos, financieros y materiales que enfrentan las instituciones responsables".

Asimismo, mencionó que en razón de que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor el próximo 19 de julio, los actos irregulares relacionados con la cuenta pública de 2016 aún serán sancionados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente. ar/m