El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez propuso que se prohíba que los trabajadores sean obligados a firmar documentos en blanco o sin fecha determinada, que les implique renuncia de derechos o imposición de obligaciones.

En su iniciativa que incluye reformas a la Ley Federal del Trabajo y al Código Penal Federal señaló que los casos de ese tipo representan más del 40 por ciento de las contrataciones, principalmente en empresas que operan en el esquema de subcontratación.

En ese sentido, destacó la importancia de adecuar la legislación laboral y penal, a fin de garantizar los medios probatorios adecuados en caso de que los trabajadores sean víctimas de un despido simulado a modo de renuncia voluntaria.

Asimismo, incluyó responsabilidades y sanciones para los patrones que incurran en esas prácticas y adecuar el marco jurídico penal en materia de falsificación de documentos, para clarificar y hacer explícitos esos supuestos.

La iniciativa presentada ante la Comisión Permanente adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que un trabajador pueda acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal a denunciar el hecho.

Esas instancias conservarán en secreto dicha acusación, y en caso necesario se aportará como elemento probatorio preconstituido, mientras que la Junta de Conciliación y Arbitraje realizará las pruebas grafotécnicas idóneas para determinar la validez del documento previo a su ratificación.

El legislador por Baja California propone adicionar un párrafo al artículo 1006 de la LFT, para considerar como documentos falsos, aquellos que, a petición del patrón, hayan sido firmados en blanco o sin fecha determinada por el trabajador.

Además, propuso sanciones para los patrones de seis meses a cuatro años y multa de 125 a mil 900 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivar de estos hechos.

La propuesta se turnó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, y precisa modificar las fracciones segunda de los preceptos 244 y 245 del Código Penal Federal, para incluir el término empleo como otro elemento que se afectaría por la firma de un documento en blanco durante la contratación.

“Es urgente prohibir en la legislación laboral estas prácticas, establecer garantías para que los trabajadores denuncien abusos de este tipo, sin poner en riesgo su contratación y sancionar a los patrones que, abusando de la necesidad y la vulnerabilidad de quienes solicitan empleo, incurren en este delito”, indicó. /jpc/m