Oscar Mario Beteta, conductor: La licenciada María Dolores Padierna con su análisis en este espacio.

Dolores Padierna, colaboradora: Buenos días Oscar Mario, estimada audiencia.

En el ocaso de su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto decidió realizar una jugada jurídica para garantizar su protección y la de su gabinete ante las investigaciones realizadas en torno al presunto desvío de 250 millones de pesos de la Hacienda Pública para el PRI en las elecciones de 2015.

El jueves 11 de octubre, el consejero jurídico de la Presidencia de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional para acusar al Gobierno de Chihuahua de invadir las competencias del Gobierno Federal, al investigar presuntos delitos cometidos por el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, y por el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte.

El argumento esencia es que las autoridades ministeriales estatales no pueden investigar a funcionarios federales, pero ni Gutiérrez ni Duarte forman parte de la administración pública federal sino del gobierno local, y anticipan un presunto temor de que colaboradores cercanísimos al Presidente y el propio primer mandatario pudieran ser investigados.

El recurso es tan burdo que algunos especialistas consideraron que iba a ser desechado y no fue así, el ministro de la Suprema Corte, Eduardo Median Mora, colaborador de los últimos tres gobiernos federales, aceptó la controversia y le otorgó un amparo indefinido al presidente Peña Nieto e incluyó a todo su gabinete.

La suspensión decretada por el ministro Medina Mora estará vigente hasta que la Suprema Corte de Justicia defina si los delitos que investiga la Fiscalía General de Chihuahua deben ser conocidos por el fuero federal o por las autoridades estatales.

SI el resto de los ministros de la Suprema Corte respaldan la posición de Medina Mora, estarían configurando una nueva forma de fuero o de protección extralegal a todos aquellos funcionarios federales de esta administración involucrados en muchas estafas maestras, socavones, triangulaciones o sobornos.

La decisión de Medina Mora constituye un negro precedente para el Estado de Derecho y mancha el prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Duración 00’’, nbsg/m.