El pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a dependencias homólogas de las entidades, a fortalecer acciones para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil.

El trabajo infantil daña el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, al comprometer su acceso a la educación y, por consiguiente, transgrede sus derechos humanos constitucionales, sobre todo a la salud, al bienestar y a la educación.

En un comunicado, la Cámara de Diputados pone de manifiesto que, de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2017, el número de niños, niñas y adolescentes entre cinco y 17 años ascendió a 29.3 millones, de los cuales 3.2 millones (11 por ciento) realizaron trabajo infantil; 62.7 por ciento son hombres y 37.3 por ciento, mujeres.

La tasa de trabajo infantil por entidad federativa reportó que Nayarit tuvo más registro con 19.7 por ciento, seguido de Zacatecas, Campeche y Tabasco. Los índices más bajos se observaron en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México y Querétaro.

A través de un dictamen con punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, menciona que la tasa de trabajo infantil fue más alta en las áreas menos urbanizadas, con 13.6 por ciento, a diferencia de las áreas más urbanizadas, donde alcanzó 7.6 por ciento de la población de cinco a 17 años de edad.

En relación con los motivos por los que trabajan los niños, niñas y adolescentes, destaca el pago de la escuela y gastos propios, con 22.1 por ciento; el gusto de ayudar, 21.9 por ciento; para aprender un oficio, 14.7 por ciento; pagar deudas, no estudiar u otra razón, 12.8 por ciento y porque el hogar necesita de su aportación económica, 10.7 por ciento.

El documento precisa que el trabajo infantil en México es una forma de violación a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, ya que “entorpece su desarrollo, les produce daños físicos, psicológicos y emocionales, y les prohíbe acceder al derecho a la educación”.

Detalla que la pobreza extrema obliga, en mucho de los casos, al padre o madre de familia a emplear con terceros a sus hijas e hijos para obtener una remuneración o realizar trabajos en su propio entorno familiar, con el objeto de allegarse de lo necesario para subsistir.

Por ello, es vital establecer programas sin distingo de raza, religión e inclinaciones políticas, así como combatir la pobreza extrema, con la intención de que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la educación. /jpc/m