La diputada Carmen Medel Palma, de Morena, secretaria de la Comisión de Salud, dijo que es necesario fortalecer y actualizar el actual marco legal e institucional en materia de salud e información, que incluyan disposiciones de etiquetado de alimentos y bebidas.

La legisladora presentó una iniciativa que busca simplificar el etiquetado de alimentos y bebidas, ya que la información proporcionada actualmente es confusa, engañosa y no permite al consumidor realizar una compra responsable o documentada.

En un comunicado, explicó que el objetivo de la propuesta se enfoca en proveer un marco legal claro y efectivo, primordialmente del etiquetado frontal, ya que entre las políticas y acciones reconocidas como costo-efectivas para el control de la obesidad y de las enfermedades crónicas no transmisibles en la población, se encuentra la orientación sobre la elección de alimentos saludables.

También se busca incorporar en la Ley General de Salud las obligaciones específicas respecto a la protección del derecho a la salud, a la información y a la alimentación.

Medel Palma presentó seis recomendaciones puntuales para que el etiquetado sea una herramienta eficiente para la población mexicana, entre las que se encuentran que la información debe estar sustentada en recomendaciones internacionales y nacionales sanitarias, como las de la Organización Mundial de la Salud y la Academia Nacional de Medicina.

Además, este debe ser etiquetado y diseñado por un grupo libre de conflictos de interés, con criterios de transparencia, se deberá considerar el uso de un perfil nutrimental único a todas las políticas regulatorias en materia de salud alimentaria. Se debe enfatizar que la función principal del etiquetado es proporcionar información fácil de comprender sobre ingredientes cuyo alto consumo es nocivo para la salud.

Los estudios disponibles indican que el etiquetado GDA obligatorio en México no funciona y debe ser reemplazado por un sistema efectivo, de fácil comprensión y con criterios correctos.

Por último, se requiere de un etiquetado de advertencia como el que ya se implementa o se diseñó en otros países.

Señaló que su propuesta incorpora las mejores prácticas internacionales de países como Chile y Perú, las recomendaciones internacionales de organismos como la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, y refleja el trabajo de más de 10 años de organizaciones civiles, como son la Alianza por la Salud Alimentaria y la Coalición Contra PESO.

La crisis de salud pública no es fortuita, explicó, "es el resultado de una serie acciones negligentes y, en algunos casos, corruptas por parte del actuar del gobierno de los últimos 30 años.

En ese periodo se privilegiaron los intereses comerciales de la industria por encima de los derechos humanos a la salud, a la alimentación y al acceso a la información de los consumidores, permitiéndoles la interferencia de actores con evidentes conflictos de interés en la promoción de su autorregulación". /lgg/m