La diputada de Morena por Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, reconoció este lunes que hace falta, de manera urgente, “crear las herramientas necesarias para hacer llegar los recursos a la población objetivo, y eliminar por completo las prácticas de opacidad y corrupción de las administraciones pasadas”.

Luego de las críticas de los partidos de oposición –que advierten un Presupuesto de Egresos para el 2020 con tintes electorales y bajo la sombra de la opacidad-, la legisladora admitió que “para conocer los resultados de los programas sociales impulsados por el Ejecutivo federal, se requieren reglas de operación que permitan medir la efectividad de sus acciones y evaluarlos objetivamente”.

Pérez Segura hizo referencia también a los datos publicados por México Evalúa el pasado mes de marzo, en los que señala que, del recurso destinado en 2019 para subsidios, el 58 por ciento (365 mil millones de pesos) fue hacia programas “sin reglas de operación”.

“Efectivamente, una tarea pendiente y urgente es crear las herramientas necesarias para hacer llegar los recursos a la población objetivo, y eliminar por completo las prácticas de opacidad y corrupción”, dijo.

Precisó que, de los programas creados durante el actual sexenio, destacan los implantados por la Secretaría del Bienestar, como el de Pensiones para Adultos Mayores, Sembrando Vida, y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

Estos programas y sus dependencias que los coordinan “concentran el 44.66 por ciento de todo el recurso destinado en 2019 a programas sin reglas de operación, con 123 mil millones de pesos y 40 mil millones de pesos, respectivamente”.

La legisladora expresó que sólo cinco de los 19 programas que otorgan subsidios tienen lineamientos básicos como características mínimas de operación, cobertura, procedimiento de entrega de recursos y población objetivo. Sin embargo, sostuvo que no hay una metodología de evaluación y control que permitan darles seguimiento y medir el impacto real.

Dijo que estos programas tienen su razón de ser en el combate a la desigualdad social y su fundamento en la principal tarea de la política fiscal, que es la redistribución del ingreso. Su objetivo es apoyar a los grupos vulnerables de la población con la finalidad de brindarles oportunidades que les ayuden a superar su situación y que con esto tenga un mayor dinamismo la economía nacional.

En este sentido, la diputada mencionó que los programas sociales están creados desde un enfoque muy racional y con un propósito de suma importancia, como es brindar oportunidades a los sectores que durante años fueron excluidos de las prioridades de gobiernos anteriores.

Sin embargo, se requiere maximizar la transparencia, fijar los criterios claros para ser acreedor a estos programas y tener herramientas de evaluación de desempeño, así como de impacto social. (El Financiero.com)