El Diputado Presidente, Jesús Zambrano Grijalva en el marco de la ceremonia de firma de convenio de la cámara de diputados con el instituto iberoamericano de derecho electoral. 30 de agosto de 2016
Muchas gracias, maestro Lara.
Desde luego que, para nosotros, es una gran satisfacción y, al mismo tiempo, un nuevo compromiso el que hoy nos ha convocado aquí para la firma de este convenio.
La materia electoral, como lo saben muy bien los magistrados, lo sabemos bien los que aquí estamos que, además, yo soy un apasionado del derecho electoral por necesidad en sus orígenes, de cuando empezó a haber –prácticamente- verdadera competencia electoral en nuestro país, en 1988, y de entonces para acá, empezaron a darse un conjunto de transformaciones que han impactado de manera directa.
Yo creo que es la materia –la electoral- la que más cambios ha sufrido en las últimas dos décadas especialmente, porque tiene que ver precisamente, con las reglas de acceso al poder en un sistema que empezó a tener, prácticamente, un proceso de transición a la democracia.
Es decir: De ser un sistema muy cerrado, cuasi unipartidista hasta antes de 88 y, particularmente con las reformas de 1996, empezó este proceso que –finalmente- ha terminado posibilitando las alternancias tanto en la Presidencia de la República, como en los gobiernos estatales y municipales.
Recuérdese tan solo que, después de estas reformas -que han sido, yo creo que las de mayor calado- de 1996 porque modificaron de una manera significativa nuestro régimen político, en virtud de las cuales se entró a la elección de los gobernantes de la Ciudad de México, que no existía durante 70 años o más, que el propio Instituto –en aquel entonces- Federal Electoral, salió del control del gobierno de la República, que se ejercía a través del Secretario de Gobernación, y entró en un proceso de ciudadanización.
Se crea el Tribunal Electoral como un sector especializado en esa materia por parte (e integrante del Poder Judicial de la Federación) y, desde luego, sus correspondientes órganos de justicia electoral en los estados de la República.
Y entonces, en la medida en que la competencia electoral empezó a darse y que evolucionamos, decía, a un proceso de transición democrática fue que, particularmente en donde hoy estamos ahora, en la Cámara de Diputados; en la primera elección que se hizo, o esas reglas, el PRI que había sido siempre mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, perdió la mayoría por sí solo en la Cámara de Diputados; y en el año 2000 la perdió también en el Senado de la República y, desde entonces, ningún partido político tiene mayoría por sí solo en ninguna de las dos cámaras a través de sus grupos parlamentarios.
Y luego en el 2000, bueno, en el 97 se da la elección en el Distrito Federal en aquel entonces, hoy Ciudad de México y lo que tenemos es que el Partido -hasta entonces hegemónico- pierde también la elección en la Ciudad de México, la gana el PRD como partido de izquierda; y en el 2000 el PRI pierde la Presidencia de la República, la vuelve a perder en el 2006, en el 2012 la recupera. Y vivimos este proceso que impacta de manera entendible y natural el ámbito de la justicia electoral, el ámbito de las reglas de acceso al poder por la vía electoral.
Y yo creo que este conjunto de cambios y de modificaciones que han logrado avances, en algunas partes muy importantes, en otras ha ido dejando huecos como bien lo decía el maestro Lara y ustedes (magistrados) lo han vivido, padeciendo en el ejercicio de la justicia electoral en sus ámbitos respectivos; pero es expresión clara de cómo ha sido también de azaroso nuestro proceso de construcción de este nuevo andamiaje o de este nuevo entramado jurídico-electoral visto en su conjunto.
Entonces, hay muchos aspectos. Tú pusiste ahorita sobre la mesa varios de ellos, Oswald. Están los otros que se derivan también de las reformas en medios de comunicación, lo que conocemos como la spotización que, yo creo que hemos abusado de ello; y habemos quienes pensamos convencidamente que es necesario hacer una revisión en esa materia para que, en lugar de esta cantidad indiscriminada de spots electorales en los medios de comunicación masiva, abramos espacio a tiempos para debates, a tiempos para exposiciones programáticas de las plataformas electorales, los compromisos de gobierno, etcétera, de los partidos políticos o de los candidatos que buscan ganar una elección a través de reglas democráticas.
El tema que tiene que ver con financiamientos públicos, si es mucho, si es poco o, como algunos plantean, elevar el porcentaje permitido de participación de dineros privados en las campañas electorales como sucede en otros países o, radicalmente, avanzar en legislaciones como la francesa establece: Nada de participación de dineros privados en las campañas, en financiamientos de los partidos políticos.
Es decir, hay muchísimos asuntos que -desde luego- están ahí pendientes de afinarse. Yo confío, por supuesto, en que la experiencia que ha ido acumulando el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral –contando con la participación de conocedores de la materia, particularmente en este caso concreto, de la justicia electoral- que todas estas experiencias que se han ido teniendo, encuentren una “pista de aterrizaje” por así decirlo, que nos permita identificar cómo afinar las reglas éstas; cómo ir tapando los huecos, cómo ir subsanando deficiencias e imperfecciones que hoy tiene la ley en sus distintos aspectos, y que no queden sujetos -en todo lo que se pueda hacer- que no queden sujetos al arbitrio de la autoridad electoral; sea órgano que participa como el órgano superior, o sea juzgador electoral, para evitar justamente lo que tú identificas muy bien maestro, para evitar la politización de la justicia electoral en todo lo que sea posible.
Yo digo que no lo vamos a poder evitar del todo porque la materia electoral per se, por sí misma, es esencialmente política. Se trata de las reglas de acceso al poder a través de partidos políticos, a través de candidaturas independientes, de coaliciones, y es entendible que estemos siempre -los que nos dedicamos a la política profesionalmente- que estemos siempre buscando a ver cómo aprovechas algún resquicio, etcétera; pero creo que afortunadamente hemos ido avanzando en muchos de estos temas que han ido perfeccionando nuestra materia, nuestro entramado jurídico-institucional en materia electoral.
Ténganlo por seguro que los productos que arroje el trabajo de ustedes, como lo tratamos de plasmar en el convenio, constituyan insumos muy valiosos para nosotros como legisladores en los próximos meses y años, para incorporar propuestas de reformas que nos ayuden a avanzar y perfeccionar nuestro sistema democrático nacional, asumiendo convencidamente, con plena convicción que las competencias electorales para el acceso al poder público deben ser insustituibles.
Es decir, me refiero a que todo perfeccionamiento de nuestra democracia o todo ejercicio democrático del Estado Mexicano, debe darse por vías institucionales, por medio de cambios, de reformas que corran por la vía institucional, no por otras vías, por decirlo llana y claramente violentas o como se llegó a pensar en algún momento determinado: A través de revoluciones. Hoy no hay espacio para eso, y entonces, quienes estamos en estas altísimas responsabilidades debemos preocuparnos y ocuparnos de avanzar en esta perspectiva de perfeccionar nuestro sistema democrático.
Por eso me honro y me da mucho gusto de que podamos estar aquí firmando este convenio con testigos de calidad y, además, de primer nivel.
Muchísimas gracias.