En contexto. Vivir en prisión o la “normalidad” de ciertas injusticias
Una de las tareas principales del Estado mexicano es garantizar la justicia para todos los habitantes de este país. Esa tarea ha sido una batalla esencial en la definición de las líneas estratégicas a lo largo de todo el siglo XX. Difícilmente puede decirse que dicho objetivo esté cumplido, o siquiera lejos de cumplirse. Como señala García Ramírez, un experto reconocido del sistema jurídico mexicano, “la tarea total de prevención del delito y el tratamiento del delincuente se halla ligada a las cuestiones de planeación y a la políticas del desarrollo”[1], y en ese aspecto, el análisis de las condiciones y funcionamientos del sistema penitenciario mexicano es crucial, específicamente, en la definición de competencias tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales.
En lo que respecta al nivel federal, la institución responsable de organizar y administrar los Centros de Readaptación Social (CEFERESOS) es el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social (OADPRS) que depende, a su vez directamente de la Comisión Nacional de Seguridad, adscrita a la Secretaría de Gobernación.
[1] Sergio García Ramírez, La prisión, 1975, Fondo de Cultura Economica, UNAM, México.
