Palacio Legislativo, 12-06-2014. (Notilegis).- Diputados de todas las fracciones cuestionaron a los subsecretarios de Hidrocarburos, María de Lourdes Melgar Palacios, y de Electricidad, César Emiliano Hernández Ochoa, de la Secretaría de Energía (Sener), sobre el impacto social, económico y ambiental de las leyes secundarias de la reforma energética.

Los legisladores se reunieron este jueves con los funcionarios federales, como parte de la discusión de las propuestas de leyes secundarias en materia energética que realizan las comisiones unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

Ésta es la segunda de cinco reuniones programadas por ambas comisiones, que concluyen el próximo 19 de junio, para discutir con funcionarios y especialistas las leyes secundarias en materia energética que el Ejecutivo federal turnó a la Cámara de Diputados, relacionadas con aspectos fiscales y presupuestarios.

El diputado Alberto Curi Naime (PRI) afirmó que esas iniciativas de ley consideran a las actividades de exploración y extracción como de interés social y de orden público, por lo que pidió explicar cómo se garantizará el desarrollo responsable de los proyectos del sector.

Indicó que los proyectos de leyes proponen considerar el impacto social de las empresas en las comunidades, y solicitó una explicación de cómo se verán beneficiadas las comunidades que sean receptoras de proyectos del sector energético.

Aseguró que, como resultado de la reforma, se requerirán más profesionistas del sector, mejor preparados, por lo que preguntó qué medidas se implementarán respecto al desarrollo de talentos en materia energética y cuáles serán las oportunidades y la orientación que tendrán estos profesionistas.

El diputado Juan Bueno Torio (PAN) consideró que la Comisión Reguladora de Energía es la que debería monitorear y darle vigilancia al mercado de la energía eléctrica, contrario a lo que plantea el Ejecutivo, que faculta para ello a la Sener.

También pidió establecer claramente la forma en que el Estado mexicano cobrará las regalías o contraprestaciones que deriven de los contratos de explotación y que se abra el mercado de la producción de energía eléctrica a pequeñas y medianas empresas, bajando el umbral para usuarios calificados de cinco megavatios a 0.5 megavatios.

Expresó que para que exista un mercado competitivo de energía eléctrica y gasolina en el país, es necesario establecer una fecha cercana para determinar la libre importación, lo que daría liquidez al mercado.

El diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) manifestó que las iniciativas de ley del Ejecutivo “abandonan la visión de largo plazo y no garantizan un buen futuro para el país”, debido a su “afán recaudatorio” y falta de precaución ambiental o “recursos suficientes para desarrollar energías limpias ni el desarrollo tecnológico”.

Cuestionó que en la iniciativa de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sólo se destinen mil millones de pesos a la generación eléctrica con recursos renovables, cuando en la Estrategia Nacional de Energía, aprobada por el Legislativo, se establece como meta un 35 por ciento de la generación eléctrica de manera sustentable.

Señaló que en las propuestas de leyes secundarias del Ejecutivo existe un conflicto entre los derechos humanos de las comunidades y la explotación de los hidrocarburos, lo que puede generar una “crisis de ingobernabilidad”.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) externó que en la reforma energética y sus leyes reglamentarias se ha abordado el tema de gas natural como prioritario, no obstante, no se ha tocado el del gas LP, producto que 80 millones de mexicanos consumen todos los días.

Por ello, interrogó a los funcionarios de la Sener sobre la forma en que las modificaciones en materia energética van a reflejarse en los bolsillos de los ciudadanos y si sus resultados se podrán vislumbrar en la infraestructura, distribución, almacenamiento o calidad del gas LP.

De igual forma, pidió explicar si habrá cambios en los subsidios a los energéticos, para pasar de una forma de aplicación generalizada a una donde se implemente de manera focalizada.

Ricardo Mejía Berdeja (MC) cuestionó a los subsecretarios sobre la cantidad de recursos que ingresarán al fisco por cada barril de petróleo que exploten los particulares, ya que, consideró, las leyes reglamentarias no garantizan que “no se va a perder la renta petrolera”.

Criticó que en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establezca expropiación por “causas de utilidad privada” y dijo que, con esta medida, habrá “grandes conflictos sociales en el país”, porque se atenta contra la propiedad privada “con decretos expropiatorios para afectar a particulares”.

Ricardo Cantú Garza (PT) opinó que la reforma energética fomenta un “remate de garaje” del patrimonio del país, sin garantizar la seguridad energética, el suministro oportuno de energéticos o disminución de sus tarifas.

Añadió que se dé a conocer la proyección real de lo que la reforma aportará a la economía nacional y a partir de cuándo.

Indicó que la apertura del sector energético que promueve la reforma no detonará la creación de cadenas productivas nacionales, ni el desarrollo de nuevos sectores ni ramas industriales. “No impulsa la diversificación de los productos nacionales y más bien apuesta por cerrar la economía nacional a sólo unos poco sectores”.

Puntualizó que tampoco se integran los temas de derechos indígenas y de propiedad tradicional comunitaria, lo que abre las puertas a expropiaciones masivas basadas en intereses comerciales y particulares, ni la protección al medio ambiente.

La diputada Dora María Talamante Lemas (NA) subrayó la importancia de establecer en la legislación reglamentaria la obligación de transparentar los procesos de licitación, además de plantear mecanismos para disuadir prácticas de corrupción en los contratos que el Estado otorgará a los particulares para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Cuestionó, asimismo, que en ninguno de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo se plantee la creación de un plan sustentable de manejo de hidrocarburos o energías.

Se pronunció porque uno de los principios rectores de la reforma sea la implementación acciones y políticas públicas para que se tome en cuenta el cuidado del medio ambiente en la explotación de energéticos.

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