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Nota N°. 7242 Pide Alonso Raya que Ejecutivo federal integre grupo de expertos que proponga acciones y posibles reformas para fortalecer el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Palacio Legislativo, 24-06-2014 (Notilegis).- El vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, afirmó que solicitará ante la Comisión Permanente, la cual sesiona este miércoles, que el Ejecutivo federal conforme un grupo de expertos para que realice un estudio y proponga acciones políticas y posibles reformas legales para fortalecer el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

La crisis de este sistema es mucho más grave de lo que plantea la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 2012, indicó el legislador perredista en un comunicado.

Recordó que la ASF encontró que en 2012, el valor presente de los pasivos laborales de los 18 millones 674 mil 898 trabajadores con planes pensionarios de beneficio definido, ascendió a casi seis billones 289 mil millones de pesos, monto que representó el 40.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Esa cifra también significó 13 veces el endeudamiento neto del sector público presupuestario, añadió y subrayó que la ASF concluye que “los pasivos contingentes en el mediano y largo plazos pueden poner en riesgo las finanzas públicas”.

El diputado perredista refirió que para su jubilación, los trabajadores deben cotizar un mil 250 semanas en el caso del IMSS o 25 años en el del ISSSTE.

Sin embargo, agregó, con datos del Informe Trimestral al Congreso de la Unión sobre la situación del SAR, del período enero-marzo de 2014, sólo el 18 por ciento de los asegurados al IMSS han cotizado más de 500 semanas, desde el inicio del sistema, por lo que la densidad de cotización alcanzada no rebasa el 60 por ciento.

El 14 por ciento de los asegurados alcanzarían pensión en más de 40 años de trayectoria laboral, el restante 68 por ciento sencillamente no accederá a una pensión, de mantenerse las tendencias observadas en el SAR durante poco menos de 17 años de existencia del sistema, aseveró Alonso Raya.

Sostiene que el mismo informe da a conocer que al cierre del primer trimestre de 2014 se registraron 50 millones 809 mil 124 cuentas individuales y un monto de recursos administrados por las afores por dos billones 121 mil 749 millones de pesos.

Esto da un saldo promedio de todo el sistema de 41 mil 759 pesos por cuenta individual, acumulados desde junio de 1997.

De continuar las mismas tendencias, a 25 años se habrán acumulado 62 mil 601 pesos por cuenta individual, que sólo permitirían pagar 31 meses de una pensión igual a un salario mínimo.

El resto del beneficio a que tendrían derecho los asegurados tendría que ser a cargo de las finanzas públicas, mediante el pago de pensiones garantizadas.

Ante este escenario, indicó que “es evidente que los diversos sistemas de pensiones que mantienen el régimen de beneficio definido, como las reformas que han transitado al régimen de capitalización individual, son inviables financieramente y mantener la actual situación condena a las finanzas públicas a sostener una carga creciente y a los trabajadores a una vejez miserable”.

“Es por eso que más que nunca se requiere construir un nuevo acuerdo social, que determine cuáles son los compromisos para recaudar los recursos para cumplir con las obligaciones contraídas en los sistemas de pensiones, para dar una viabilidad social y financiera a los sistemas de pensiones”, señaló.

Alonso Raya explicó que el 18 de marzo de 2014, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto que expide la Ley de Pensión Universal y reforma diversas disposiciones a leyes de seguridad social.

En su artículo Quinto Transitorio, establece que en un plazo no mayor a 30 días el Ejecutivo federal convoque a la creación de un grupo de trabajo conformado por expertos que realice un estudio sobre el SAR.

Este grupo también debe analizar los factores económicos, financieros, actuariales y legales, que inciden sobre las pensiones que reciben los trabajadores en su edad de retiro.

“Las condiciones están dadas, tanto como la urgencia de atender esta problemática. Posponer la toma de decisiones, a nadie conviene y mostrar que existe voluntad para resolver de fondo el futuro de nuestros sistemas de pensiones es una prioridad impostergable”, concluyó.

JGM

 
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