Palacio Legislativo, 29-06-2014 (Notilegis).- La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz (PRD), afirmó que la figura de “testigo protegido� debe desaparecer “por propiciar la violación de Derechos Humanos, enjuiciamiento de miles de inocentes, usurpación de funciones por parte del Ministerio Público�.

También dijo que esa figura entra en contradicciones con la misma Carta Magna y con otras leyes y recordó que ella presentó una iniciativa al respecto.

“Se trata, con ello, de derogar el segundo párrafo de la fracción III del Apartado B del Artículo 20 Constitucional, según la cual ´la ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada´�, añadió.

Sostuvo que “la autoridad judicial es la facultada para beneficiar a testigos delincuentes, inculpados, procesados o sentenciados y, sin embargo, quien ha negociado tales beneficios con los delincuentes ha sido la Procuraduría General de la República a través del Ministerio Público�.

Citó, al respecto, dos mandatos contundentes plasmados en el artículo 21 de la propia Constitución: la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, mientras que la investigación y persecución de delitos incumbe al Ministerio Público.

Por tanto, agregó, la autoridad judicial es la única que debe imponer o absolver penas. O sea, el juez puede imponer –o dejar de imponer y graduar- las sanciones penales inscritas en la ley, no el Ministerio Público, quien sin embargo, para “facilitarse� la tarea y “ahorrarse esfuerzos�, negocia con delincuentes la reducción de penas a cambio de sus delaciones o imputaciones a otros reales o supuestos integrantes de la delincuencia organizada.

Así,� el precepto del 21 constitucional ha sido manipulado y traicionado, pero además con consecuencias graves para miles de personas, en particular inocentes, cuyos derechos humanos y garantías constitucionales son violados, sin que puedan defenderse por el pretexto de la reserva y el resguardo de la investigación, por los dichos de testigos protegidos delincuentes�, aseveró.

La diputada Alavez Ruiz apuntó que, con esto, “el Ministerio Público se desentiende de su obligación de investigar en materia de delincuencia organizada, acepta su incapacidad para ello, y adopta la actitud cómoda y la falsa salida de legitimar testigos que aprovechan la oportunidad de beneficiarse aunque ello signifique manipular la verdad�.

La parlamentaria perredista consideró que la figura de testigo protegido es una “institución jurídica insólita� en el derecho mexicano, copiada indiscriminadamente de la cultura jurídica estadounidense, donde no se diferencia el derecho privado, como es el derecho civil, del derecho público, como lo es el derecho penal.

Consideró plenamente procedente su derogación y dijo que así lo propuso en la iniciativa que entregó a la Comisión Permanente, la cual la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis, dictaminación y, en su caso, remisión al Constituyente Permanente para su aprobación.

JGM