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Nota N°. 7490 Se pronuncian PRI, PAN, PVEM y NA a favor del dictamen de la segunda minuta del Senado que discute Comisión de Energía; PRD, PT y MC lo hacen en contra

 

Palacio Legislativo 22-07-2014. (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN, PVEM y NA se pronunciaron a favor del dictamen de la segunda minuta del Senado de la República, relacionada con las leyes reglamentarias en materia energética, que aborda la Comisión de Energía, mientras que PRD, PT y MC lo hicieron en contra.

 

La Comisión de Energía inició esta mañana la discusión de la minuta que expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y reforma la Ley de Aguas Nacionales, la segunda de los cuatro paquetes sobre estas leyes que la cámara alta turnó a San Lázaro, luego que los diputados avalaron ayer la primera.

 

Al fijar la posición de su fracción parlamentaria, al inicio de la discusión en la comisión, el diputado Antonio Astiazarán Gutiérrez (PRI) afirmó que en la actualidad la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un déficit en la generación de energía eléctrica, mismo que fue de 85 mil millones de pesos en 2013.

 

Precisó que la reforma no eliminará los subsidios del Estado y lo que se persigue es el replanteamiento del modelo energético para hacer la industria eléctrica más competitiva y que beneficie a toda la población.

 

Expresó que la CFE seguirá brindando el servicio en beneficio del Estado y tendrá la posibilidad de asociarse con empresas privadas, a fin de generar ingresos a la nación y no una “merma”, como sucede en la actualidad.

 

El diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) aseguró que es falso que con la reforma se pretenda desmantelar a la CFE y, por el contrario, busca fortalecer a la empresa productiva del Estado.

 

Indicó que una vez que los costos de producción de electricidad de la CFE y de otras empresas disminuyan, las tarifas bajarán.

 

Agregó que el dictamen contiene alrededor de 150 modificaciones que propuso el PAN en el Senado y reiteró que “todos los monopolios son malos, sean públicos o privados”, ya que impiden mejores servicios y bienes de primera necesidad.

 

Comentó que en la discusión en el Pleno, el PAN buscará que se incluya la iniciativa que presentaron hace unas semanas para crear la Ley de Energías Renovables y Energías Limpias, a fin de avanzar en la transición de generación de energía en un contexto de sustentabilidad.

 

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) resaltó que el dictamen establece el desarrollo sustentable en la generación de electricidad “continua, eficiente y segura”, en beneficio de los usuarios.

 

Explicó que el nuevo marco jurídico da certidumbre a los inversionistas para utilizar los recursos naturales de México en la generación de energía eléctrica, potencial que, dijo, es superior al de economías similares a México.

 

Respecto a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, aseveró que se busca ordenar y proteger con monitores que no exista contaminación en los mantos acuíferos en la explotación de los hidrocarburos.

 

La diputada Dora María Talamante Lemas (NA) sostuvo que el dictamen representa la oportunidad para mejorar el servicio eléctrico, a partir del impulso a la competencia entre los agentes económicos.

 

Subrayó que en la apertura al sector, el Estado conserva la exclusividad de los segmentos de distribución y control del sistema eléctrico nacional, sin perjuicio de que se celebren contratos con particulares para que lo auxilien.

 

Opinó que una mayor competencia generará mayor seguridad en el abasto de energía eléctrica en el país.

 

En contra de este dictamen se pronunció el diputado Luis Espinosa Cházaro (PRD), al considerar que son contrarios al interés a la nación.

 

“No es sólo un modelo que favorece a la iniciativa privada, sino un modelo incompleto, mal planeado y que se mostrará insuficiente ante un escenario de voraz competencia en el sector energético como lo es hoy el mercado mundial…Se equivocan quienes hoy votarán a favor”, enfatizó.

 

Añadió que las empresas que operen el sector deben tener un alto nivel de responsabilidad por ser un bien de primera necesidad, estratégico, además de ser considerado un componente del índice del desarrollo humano.

 

Dijo que la Ley de la Industria Eléctrica dicta un “acta de defunción” a la CFE, pues es una falacia que a través de estas reformas busquen fortalecerla. “El concepto de libre mercado no significa la prostitución del mismo”, aclaró.

 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) adelantó su voto en contra al considerar que la propuesta es privatizadora, además de que no bajarán las tarifas como se plantea y la eliminación de subsidios “pende como una amenaza”.

 

Se refirió al discurso pronunciado por el presidente Adolfo López Mateos en 1960 sobre la nacionalización de la industria eléctrica y expuso que hoy, en el marco de las reformas al sector energético, “México es menos soberano, menos libre, y menos independiente”.

 

“La privatización de la energía eléctrica se ha dado de manera silenciosa, hoy prácticamente la mitad de la energía en el país es producida por empresas privadas extranjeras fundamentalmente, pero se quiere es consumar el atraco y la entrega”, mencionó.

 

Consideró que “estamos en el peor horizonte, por un lado que se consume ya una privatización abierta” y por el otro, el lucro, las ganancias y las utilidades de las empresas, sin tomar en cuenta las necesidades sociales.

 

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT), puntualizó que en las reformas que se plantean al sector eléctrico no se determinan impactos económicos y sociales y se pone en evidencia que en el país el Estado protege más a monopolios y empresas privadas y que a los nacionales.

 

“En México se protege más monopolios privados que a los del Estado, lo que se ha podido ver en anteriores reformas, como la de telecomunicaciones, y que ahora se aplica al sector energético”, externó.

 

Manifestó que las modificaciones al sector energético traerán consigo dependencia de la producción, la cual estará a expensas de los industriales de la electricidad, y los costos de producción se sujetarán a lo que éstos impongan.

 

Con la aplicación de las reformas, el tendido eléctrico no estará garantizado a toda la población, las tarifas no bajarán y existe el riesgo de pérdida de control del Estado sobre la industria estratégica, finalizó.

 

AMR/YRE/JGM

 
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