Palacio Legislativo 24-07-2014. (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN, PVEM y NA se pronunciaron en la Comisión de Energía a favor del dictamen de la cuarta y última minuta que turnó el Senado, sobre las leyes reglamentarias en materia energética, mientras que PRD, PT y MC, lo cuestionaron.

Los legisladores abordaron el documento que expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Al fijar la posición de su fracción parlamentaria, Antonio Astiazarán Gutiérrez (PRI) señaló que, en el marco de las nuevas normas, los órganos reguladores garantizarán que el Estado conserve la rectoría en el sector energético, ya que las dos entidades se fortalecerán con nuevas atribuciones y se transformarán al contar con autonomía.

“Tiene una especial relevancia este nuevo marco de competencia que viviremos en México, porque por un lado estamos obligados a dar los instrumentos legales que permitan esta libertad, esta competencia, pero por otro lado tenemos la plena responsabilidad que el Estado no pierda la rectoría sobre los energéticos”, indicó.

Añadió que se requiere de entidades que sean fuertes y tengan capacidad legal para poder vigilar la observancia de una nueva política energética en el país, pero al mismo tiempo puedan sancionar en caso de que se incumpla.

Destacó que la ley de los órganos reguladores contempla un órgano de gobierno integrado por siete comisionados y una secretaría ejecutiva, electos de manera transparente y con el compromiso de rendición de cuentas.

El diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) descartó que los organismos reguladores vayan a duplicar sus funciones con otras instancias federales y señaló que provienen de una reforma constitucional, con el fin de garantizar que los consumidores sean los principales beneficiarios de la apertura en el sector energético.

Indicó que a nivel mundial las experiencias refieren la necesidad de la existencia de agencias especializadas en el sector de hidrocarburos.

“No duplican ni deben de duplicar funciones con la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) ni con la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), de hecho la arquitectura institucional que se está proponiendo alinea de una manera muy evidente y no duplica de ninguna forma atribuciones”, dijo.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) consideró que con las reformas al sector energético se están dando pasos firmes hacia un desarrollo sustentable, además de que traerán consigo el fortalecimiento del país, al ser un detonante de oportunidades, inversión y sentar las bases de un nuevo modelo económico.

Destacó el papel de los nuevos organismos reguladores, los cuales, dijo, darán certidumbre a inversionistas en el aspecto tecnológico y administrativo; “se necesitan sentar bases de regulación ante la apertura, de competencia libre y competitividad que se va a generar en el país y a nivel internacional”.

Señaló que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, se encargarán de regular, prevenir, corregir y sancionar, las situaciones que se presenten en un futuro inmediato en el desarrollo en el país.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (NA) aseguró que en el Congreso de la Unión se ha dado un paso histórico en materia energética, al diseñar nuevas reglas bajo las premisas de apertura, competitividad y transparencia.

Por ello, “en Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, no tenemos duda que en este tema tenemos visiones distintas, como corresponde a nuestra democracia, pero estamos seguros que si en algo coincidimos es que queremos buscar un mejor futuro para México”, indicó.

Resaltó que “hay camino por recorrer” para convertir esta reforma en materia energética en beneficios directos y tangibles para la población.

Al pronunciarse en contra del dictamen, la diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD) consideró que la minuta contiene errores conceptuales y de definición, al llevar a cabo la creación de dos organismos que podrían duplicar sus funciones con la Semarnat y la Profepa.

“Nuestra propuesta será subsanar todas aquellas definiciones, hasta conceptos, para fortalecer” la ley y evitar que exista duplicación de funciones, indicó.

La legisladora también solicitó que se revise de manera cuidadosa si las personas que integrarán ambos organismos cumplen con el perfil que se requiere con “visión profesional de cuidado al medio ambiente”, para que no se violenten las disposiciones.

Planteó que el tema ambiental debe abordarse de manera transversal para que existan coincidencias desde los conceptos y hasta la aplicación de la ley.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) dijo en su fracción parlamentaria estarán en contra “de lo que es una política de simulación”.

Subrayó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, “es una política de simulación, para que estos entes sean el mecanismo que utilice el Ejecutivo para depredar los recursos energéticos del país”

“Estos órganos sólo pretenden legitimar, dándole un barniz técnico y de transparencia a las políticas de saqueo diseñadas desde el Ejecutivo, más burocracia y más corrupción para servir a las transnacionales, así se podría resumir la esencia de estos órganos que serán coordinados por la Secretaría de Energía”, indicó.

Destacó que todo ello es parte de “un entramado privatizador y para asegurar los negocios del gobierno, de sus socios en las empresas transnacionales, de los cabilderos y los grupos de interés que están atrás de la reforma energética”.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) manifestó que su fracción votará en contra del presente dictamen, pues los órganos creados parecen sólo una serie de requisitos para justificar la apertura del sector energético y no para contribuir con especificaciones técnicas, ni políticas que contribuyan a creación de un sistema eficiente de control”, afirmó.

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