Palacio Legislativo 24-07-2014 (Notilegis).- Las diputadas Elena Tapia Fonllem y Roxana Luna Porquillo, del PRD, anunciaron que solicitarán “una mesa de trabajo” al gobierno de Puebla, a fin de “desterrar la política de represión desatada en esa entidad”, y aseguraron que presentarán un informe a organismos internacionales.

A esa mesa de trabajo también se convocará a diputados locales de la entidad, agregaron las legisladoras en rueda de prensa.

Coincidieron en señalar que no basta con la petición de abrogar la llamada “Ley Bala” luego de la reciente muerte, por fractura de cráneo, de un menor de 13 años de edad, y las heridas causadas a otras personas.

Tapia Fonllem y Luna Porquillo, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, pidieron poner un alto “a la actitud represiva” del gobernador Rafael Moreno Valle, “quien se opone a un derecho garantizado en las leyes, como el de manifestación”.

El ejercicio de ese derecho, expresaron, “fue el escenario en el que se registró el fallecimiento de un menor y la detención de otras personas”.

El fallecimiento del menor se registró durante una manifestación pública realizada en el kilómetro 16 de la carreta Puebla-Atlixco.

También dijeron que “la Ley para Proteger los Derechos Humanos, mejor conocida como Ley Bala, sigue vigente en Puebla en tanto no se promulgue otra que la sustituya, como se señala en un artículo transitorio de esa misma legislación”.

La llamada Ley Bala del Estado de Puebla fue aprobada por el congreso estatal el pasado 19 de mayo, misma que “regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales de esa entidad, en manifestaciones que la autoridad estime violentas”.

De entrada, puntualizaron las legisladoras del PRD, se trata de una legislación violatoria de los derechos humanos, porque permite a los policías “valerse de armas de fuego mientras se desarrolla una manifestación, sin establecer los criterios para el uso legal de la fuerza y sin considerar los derechos de asociación”.

Agregaron la necesidad de “procesar a los elementos policiacos que dispararon armas y a quienes ordenaron la represión y abuso de poder y de tentativas de homicidios”.

Igualmente exigieron la destitución del secretario de gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, toda vez que “no es capaz de establecer el diálogo con todos los grupos, en tanto el procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, tiene que dejar de ser juez y parte, al dedicarse a cuidar la imagen del gobierno de la entidad”.

Lamentaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “no se haya manifestado sobre ese asunto, a pesar de la existencia de nueve quejas en esa institución” y aseguraron que si no asume su responsabilidad, “dejemos de autorizar su presupuesto y que desaparezca, porque no está cumpliendo con su trabajo”.

Elena Tapia aseveró que presentaron un informe ante el relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, de la Organización de las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se pronunciaron porque esas instancias puedan recabar elementos “sobre una situación que significa un riesgo para la ciudadanía y puedan reunir los datos y la información suficiente para fincar responsabilidades a la Procuraduría del Estado de Puebla”.

Manifestaron su interés por coadyuvar a la plena derogación de la llamada Ley Bala, pero –agregaron- también a que impere un clima de convivencia y de respeto a los derechos humanos y a las garantías sociales de los actores políticos y de la ciudadanía en general.

MAV/JGM