Palacio Legislativo, 24-07-2014 (Notilegis).- Diputados del PRD y del PT exigieron que se aplique el debido proceso y se respete los derechos humanos de José Manuel Mireles Valverde, fundador de las autodefensas en Michoacán, detenido el pasado 27 de junio por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

“Si el doctor Mireles tiene alguna denuncia, exigimos el debido proceso y la defensa de sus derechos humanos”, precisó en rueda de prensa José Luis Muñoz Soria (PRD), integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación anunció que “diputadas y diputados del PRD y PT, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, enviaremos un informe al grupo de trabajo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre la detención arbitraria”.

El legislador perredista recordó que Mireles Valverde fue detenido el 27 de junio en el municipio Lázaro Cárdenas, por elementos de las fuerzas federales, por presunta portación de armas de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso 11) en Sonora.

Sin embargo, dijo que hasta el día de hoy no se han presentado las pruebas que acrediten los cargos que se le han imputado.

“El doctor Mireles en su detención fue víctima de distintas violaciones a sus derechos humanos, pasó 15 horas incomunicado antes de la lectura de sus derechos, asimismo anunció una serie de tratos crueles y denigrantes por policías federales durante su detención”, destacó Muñoz Soria.

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Loretta Ortíz Ahlf (PT) expuso que “es evidente que (Mireles) fue detenido por razones políticas, no es un delincuente del orden común, es un delincuente político que fue detenido sin tener las pruebas necesarias”

Comentó que la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental que las autoridades están obligadas a respetar.

Respecto al caso de Nestora Salgado, ex coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, detenida en agosto de 2013 por secuestro y portación de arma, y presa en un penal en Nayarit, el diputado Roberto López Suárez (PRD), manifestó que “la palabra del gobernador (de Guerrero), Ángel Aguirre, está en tela de duda”.

Aseveró que en la primera reunión sostenida entre diputados de su fracción y el mandatario estatal, en mayo pasado, “se comprometió a que daría seguimiento al caso y buscaríamos una salida política y legal al conflicto de la detención de Nestora Salgado y, posterior, a diferentes dirigentes sociales”.

López Suárez señaló que, ante la falta de respuesta, diputados del PRD y PT pedirán formalmente al gobernador de Guerrero, en los próximos días, la destitución de Iñaqui Blanco, procurador de la entidad, por “fabricar en el expediente de Nestora Salgado una serie de irregularidades que hacen que siga detenida”.

Puntualizó que la Procuraduría General de la República (PGR) ha aceptado que no se le puede perseguir por secuestro o portación de arma a Nestora Salgado, porque que está amparada en la ley 701 del estado de Guerrero, como responsable de un grupo de policía comunitaria.

“También habíamos acordado con el gobernador del estado (de Guerrero), el traslado de Nestora Salgado a la ciudad de México para que continuará su proceso legal, esto no se ha llevado a cabo”, concluyó.

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