Palacio Legislativo, 28-07-2014 (Notilegis).- La Cámara de Diputados inició este lunes la discusión del primero de seis dictámenes sobre las leyes secundarias en materia energética, el cual expide la Ley de Hidrocarburos y reforma la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Al fundamentar el documento, el presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), dijo que se pretende definir un modelo mexicano de desarrollo y seguridad energética, indispensable para revitalizar el conjunto de las actividades asociadas a la industria de los hidrocarburos.

Sostuvo este sector volverá a ser el motor de las inversiones y el crecimiento sostenido del país y aseveró que se consolida la soberanía de la nación sobre los recursos de subsuelo y se aprovechan para generan un desarrollo sustentable y un bienestar en el que participen las generaciones presentes y futuras.

La complejidad del tema ha requerido una respuesta integral y precisa a la realidad del mercado energético regional y global, “la cual confiere una sólida base a nuestro dictamen, como eje del cambio de paradigma de un esquema recaudador a uno que impulse las inversiones y el desarrollo de la industria nacional”.

Bernal Gutiérrez subrayó que en los albores del siglo XXI se requiere promover la transformación integral de los instrumentos jurídicos y las estrategias de planeación, para convertir a la industria de hidrocarburos en una renovada palanca del desarrollo nacional.

“Desestimar la magnitud de las transformaciones del mercado energético, nos hubiera llevado a limitar las oportunidades de crecimiento, empleo y bienestar que demandan millones de mexicanos y en el plazo inmediato a desatender las demandas de energía y de abasto seguro para industria y familia”, añadió.

Externó que este dictamen ratifica el dominio y la propiedad inequívoca de la nación sobre los hidrocarburos y fortalece la rectoría del Estado, para que en un contexto de competencia y apertura se asegure el desarrollo de la industria de hidrocarburos, en toda su gama de actividades

“Hubo pleno consenso de que el propósito básico es que la renta proveniente de la riqueza del subsuelo sea optimizada a favor de un desarrollo con equidad”, enfatizó.

Resaltó que esta iniciativa contempla criterios de competencia y productividad mediante órganos reguladores debidamente articulados, como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y las además entidades del Ejecutivo que tienen el mandato de promover el interés general en un mercado abierto, competitivo y eficiente.

Plantea la modernización integral de Petróleos Mexicanos (Pemex) como una empresa productiva del Estado, con opciones de preferencia como la Ronda Cero y área de exploración y explotación en aguas profundas, así como yacimientos transfronterizos, para asociarse, si así conviene, y acceder a tecnologías de punta.

Asegura la plena autonomía de las empresas del Estado, como lo ratifica el dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se robustece el régimen de transparencia, rendición de cuentas, revocaciones, rescisiones y sanciones, el cual considera al sector público, pero también a todo agente económico de carácter privado, nacional o extranjero, que participe en el sector energético.

Queda garantizada la transparencia de toda licitación y ejecución de contratos y permisos y su acceso público.

Se respaldan los recursos del Estado, a través del Fondo Mexicano del Petróleo, con propósitos de desarrollo en el largo plazo, de financiamiento, del desarrollo científico, la innovación tecnológica y la formación de capital humano.

Para impulsar el fomento de la industria nacional y su encadenamiento productivo, se establece la obligación de estipular en los contratos un porcentaje mínimo de contenido nacional, el cual aumentará gradualmente a partir de 2015, de 25 por ciento hasta 35 por ciento, en 2025.

Para las regiones con potencial en hidrocarburos se incluye capacitación para la mano de obra local, así como asimilación de nuevas tecnologías, inversión en infraestructura y el desarrollo, así como una proveeduría nacional que generará más empleos.

Se determina un régimen de tutela de los derechos sociales y privados, sobre los terrenos, bienes o derechos, al otorgar asignaciones o contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.

En ese sentido, los propietarios tendrán certeza jurídica en cuanto a su propiedad y condiciones favorables para negociar contraprestaciones por el uso de sus tierras, lo cual corresponde y responde a la inquietud que transmitieron agricultores, ejidatarios y ganadores a diversos integrantes de la comisión, aseveró.

JGM