Palacio Legislativo, 29-07-2014 (Notilegis).- México, como otros países de Latinoamérica, ha estado en la primera trinchera de la llamada “guerra contra las drogas”, lo que ha costado víctimas jóvenes. Es nuestro problema y en cómo lo enfrentemos estará nuestro futuro, afirmó el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD).

En la inauguración del “Foro Internacional de Política de Drogas”, en un hotel de la Ciudad de México, el legislador secretario de la Comisión de Gobernación insistió en que, pese a las diferencias, urge promover un debate nacional en torno al tema, para que, derivado de las discusiones, se revise la legislación vigente.

“También es un asunto global, y el papel que juguemos en los foros multilaterales servirá para incidir en los cambios necesarios y apremiantes de un modelo de costos altos y resultados magros”, añadió.

Belaunzarán Méndez, organizador del encuentro, sostuvo que no se puede negar que el Estado mexicano ha utilizado toda su fuerza para enfrentar el problema de las drogas. Pese a esto, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos han colocado en el primer lugar de producción de metanfetaminas en el mundo, y en el segundo tanto de mariguana como de opio.

La salud, continuó, es un valor que se defiende; sin embargo, por primera vez en tres décadas la esperanza de vida de los mexicanos, dada la violencia, se ha reducido, además que se tiene un índice de 96 por ciento de prevalencia de hepatitis C entre los usuarios de drogas inyectables.

Asimismo, en el ámbito internacional, estimó que los países de América Latina serán factor en las decisiones de la Asamblea Especial de las Naciones Unidas sobre política de Drogas en 2016, para impulsar un nuevo paradigma, ya que “nadie tiene mayor autoridad moral y ha pagado costos tan altos como nuestros pueblos”.

Por tanto, destacó que la situación no puede cambiar si se insiste en hacer lo mismo. “Vale la pena cambiar si eso significa recuperar lo que ha sido sacrificado, sin haberse buscado y no obstante las explicitas buenas intenciones no logradas”.

Por otra parte, Belaunzarán Méndez se pronunció por “tomarle la palabra” al titular del Ejecutivo federal respecto a la necesidad de debatir el tema y reconocer su apertura para revisar lo que no funciona.

Debido a la regulación de la mariguana que se impulsa en los Estados Unidos, “es altamente probable que antes de un lustro tendremos en nuestra frontera legalizado el cannabis para cualquier uso, y es evidente que eso tendrá fuertes repercusiones en el país”, sostuvo.

En su intervención, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, dijo que se deben evaluar las consecuencias en la implicación de legalizar las drogas, en términos de consumo, violencia, salud, finanzas públicas, ya que millones de personas se ven implicados, desde mujeres, niños, productores, traficantes, delincuentes, políticos, policías, fiscales, jueces, médicos, psicólogos y consumidores potenciales.

Resaltó que de todas las medidas, la reclusión para quienes las consumen es la menos conveniente, por lo que se requiere analizar figuras como los tribunales de tratamiento de adicciones, que ya funcionan en Nuevo León y Morelos.

Resaltó que las drogas representan uno de los asuntos más complejos de nuestro tiempo, ya que durante el 2012, 324 millones de personas consumieron, por lo menos, una vez alguna droga ilícita, principalmente cannabis, opioides, cocaína o estimulantes tipo anfetamina, mientras que el consumo para quienes ya sufren trastornos o son dependientes se calculó en 39 millones de afectados.

Respecto a la cannabis destacó que se ha dado una reducción en su consumo a nivel mundial, según el Informe Mundial sobre las Drogas de las Naciones Unidas.

Detalló que en México se está analizando la forma en que debe abordarse el consumo de drogas legales e ilegales, donde, destacó, la política pública en la materia pone el énfasis en salud pública, por lo que “estamos poniendo atención a las políticas de reducción de la demanda, sin descuidar el control de la oferta”.

Se debe privilegiar el tratamiento de adictos antes de su reclusión, la no criminalización de los consumidores, porque esto ha generado una sobrepoblación penitenciaria, por lo que se requieren programas que atiendan el tratamiento de las personas con problemas de adicción.

Abundó que de cara a la implementación al nuevo sistema de justicia penal en el país, se busca el fortalecimiento de mecanismos de justicia alternativa, poniendo énfasis en personas con problemas de abuso o dependencia de drogas.

Campa Cifrián abundó que la denominada Ley de Narcomenudeo abrió un espacio para que las entidades adopten diversos parámetros en la materia, tanto en términos de criterios jurídicos como de procedimientos vigentes para perseguir los delitos de posesión y narcomenudeo, así como atender a los consumidores. Por ello, se estima hacer un análisis por entidad federativa.

De permitir el consumo de ciertas cantidades mínimas, continuó, de acuerdo al artículo 479 de la ley General de Salud, nos obliga a generar una política de reducción de daños.

México ha optado por un modelo de despenalización del consumo, agregó, lo cual representa un reto de salud pública como sucede con el tabaco y el alcohol, independientemente de las posibilidades legales que se tomen en la materia, por lo que es inaplazable establecer programas encaminados a minimizar los efectos negativos vinculados al consumo en adolescentes y jóvenes.

En tanto, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) destacó que se trata de un tema controvertido y con un impacto enorme en la vida nacional, por lo que la política pública respecto a las drogas y los temas subyacentes, como el consumo de cannabis, requieren ser abordados a partir de la salud pública y las tendencias internacionales, con apoyo de la ciudadanía al centro de la discusión respetando su autonomía y libertades individuales.

Celebro, dijo, que se lleve a cabo este foro, ya que será de gran relevancia para esclarecer algunos puntos del debate y saber lo que se plantea con exactitud: si aumentar la cantidad permitida para la posesión y consumo legal; despenalizar la producción, distribución y el comercio; o incluir en la ley el uso legal con otros fines. “Es fundamental tener claridad sobre el problema que se plantea y resolver preguntas relevantes”, apuntó.

Precisó que la Ley General de Salud permite el consumo de la mariguana para dos fines: el de investigación científica y la posesión para consumo personal que no rebase los 5 gramos. Sin embargo, abundó, debe hacerse una precisión jurídica ya que se habla indistintamente de regular, legalizar, despenalizar y criminalizar la cannabis, por lo que es preciso comenzar por reconocer que existe desinformación sobre el tema por parte de la opinión pública.

Enseguida, la diputada perredista Amalia Dolores García Medina, coincidió en que el tema de las drogas tiene que ser abordado por cada país, con una visión universal. “Solamente así podrá ser resuelto de manera consistente e integral”, estimó.

Lamentó que la Guardia Nacional de los Estados Unidos no actúe en el tráfico de drogas de la misma manera como interviene con el cruce ilegal de niños migrantes en sus fronteras.

Por otra parte, expuso, el fenómeno de la producción, consumo y tráfico de estupefacientes está vinculado a un grave y delicado asunto de salud pública, pero también ha construido un poder factico en el ámbito económico, que, además de paraísos fiscales, también genera víctimas.

Por ello, “resulta fundamental reflexionar. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y la sociedad en general deben plantear medidas específicas para abordar el tema con responsabilidad y seriedad, en el ánimo de fortalecer la tranquilidad y seguridad de los mexicanos”.

RED/JGM