Palacio Legislativo, 29-07-2014 (Notilegis).- El propósito central del dictamen que expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, es que el país cuente con inversiones suficientes, tecnologías adecuadas y que su producción no genere elevados costos ambientales. También, que el precio de la energía eléctrica sea accesible para el consumo familiar y productivo, además de asegurar el abasto suficiente a largo plazo en un contexto de transición energética global y nuevas condiciones de mercado, afirmó el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), presidente de la Comisión de Energía. Al fundamentar el dictamen que discuten este martes los diputados, señaló que buena parte de la discusión de las leyes secundarias en materia energética se ha centrado en los aspectos vinculados a los hidrocarburos, pero sostuvo que un tema central de esta reforma también es el de la transformación de la industria eléctrica nacional. Aseguró que esta industria también enfrenta enormes retos para su modernización y expansión en beneficio de los hogares y en lo económico. Bernal Gutiérrez indicó que las disposiciones que contiene este dictamen, que surge de una minuta que turnó el Senado, contribuyen a la seguridad y confiabilidad energética del país. Aseveró que se mantiene en manos del Estado la planeación del sistema eléctrico nacional, su control operativo, transmisión y distribución de electricidad e insistió en que se garantiza la rectoría económica estatal en esta área estrategica de la nación. El dictamen fortalece a las empresas productivas del Estado en materia eléctrica, al otorgarle las capacidades institucionales y los mecanismos de gobierno corporativo necesarios para generar valor, al tiempo que incluye nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. La CFE seguirá siendo un actor preponderante en la industria eléctrica nacional, ofrecerá el servicio eléctrico bajo tarifas reguladas y se mantendrá como suministrador para los usuarios pequeños y medianos de tipo residencial, comercial e industrial, dijo. De igual forma, se fortalece la rectoría del Estado al otorgar a la Secretaría de Energía la responsabilidad de emitir el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, documento que concentrará la planeación del sistema eléctrico. El dictamen fortalece a los órganos reguladores del sector, la Comisión Reguladora de Energía contará con facultades para regular los precios e introducir incentivos en áreas de una mayor eficiencia en los segmentos de transmisión y distribución de energía eléctrica en el mercado mayorista de electricidad. La participación de empresas privadas en el sector busca promover inversiones y generar condiciones de competencia que ofrezcan a los usuarios opciones más accesibles y alienten el desarrollo de la industria con más oportunidades de empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. También se establece el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), como organismo público descentralizado de la administración pública federal, mismo que estará encargado del control operativo del sistema eléctrico. El Cenace llevará a cabo de manera transparente las subastas para la celebración de contratos de cobertura eléctrica con el nuevo mercado mayorista de electricidad, otorgando así certeza jurídica a todos los jugadores. Asimismo, el nuevo marco jurídico incluye diversas modalidades de asociación entre actores del sector privado y el Estado. El presidente de la Comisión de Energía sostuvo que la experiencia y tecnología que aportarán los particulares al nuevo esquema eléctrico nacional abonará a la mayor eficiencia del sistema, reduciendo pérdidas en beneficio de los consumidores. El dictamen incluye la obligación de adquirir certificados de energías limpias que contribuyan con una proporción cada vez mayor de fuentes de electricidad renovable, abonando así en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales a los que el país se ha adherido en esta materia. Se establece, además, la creación del Fondo de Servicios Universales Eléctricos, el cual estará encargado de financiar las obras de electrificación necesarias para dar acceso a los más de dos millones de mexicanos que todavía carecen de energía eléctrica. El nuevo modelo promueve una industria eléctrica socialmente responsable, que establece la obligación de presentar una evaluación de impacto social para todos los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica. Por lo que corresponde a la Ley de Energía Geotérmica, se buscan ampliar las capacidades de México en la generación de electricidad renovable a partir de fuentes geotérmicas, en los cuales el país cuenta con recursos abundantes de experiencia aprobada. La reforma permitirá atraer mayor inversión a través de la garantía, de certeza jurídica para quienes decidan incursionar en esta energía limpia. “El nuevo paradigma para la Industria Eléctrica Nacional cuenta con los mecanismos institucionales, la estructura de incentivos y las disposiciones regulatorias para que nuevas empresas, pequeñas, medianas y grandes, se incorporen al mercado eléctrico nacional, bajo condiciones de competencia efectiva”, sostuvo Bernal Gutiérrez. Aseguró que más inversiones, con más jugadores en el sector, permitirá generar muchos más empleos y contribuir al combate a la desigualdad y a la pobreza que lastiman al país. “Al contar con electricidad abundante y a precios competitivos, contribuimos a mejorar las condiciones de bienestar y la calidad de vida de nuestra gente”, finalizó. JGM |