Palacio Legislativo, 30-07-2014 (Notilegis).- El activista y escritor Javier Sicilia pidió no basarse en “pensamientos puritanos” para satanizar a usuarios de drogas, ya que eso solo busca evadir y aminorar el problema de “nuestros muertos, desaparecidos, y el miedo, por la guerra contra el narcotráfico”; más bien, deben recibir atención especializada.

Al participar en el 2º día del Foro Internacional de Política de Drogas, precisó que ese combate ha ocasionado la muerte a 100 mil personas, hay 30 mil desaparecidos y más 250 mil desplazados, así como una cantidad inmensa de violaciones a los derechos humanos. “Muchos de los fallecidos no tenían nada que ver con la droga o el narcotráfico”, abundó.

Añadió que los narcóticos no deben ser un asunto de seguridad nacional, sino de salud pública, y consideró que deben existir controles por parte del Estado para mantenerlos dentro de la legalidad.

“Este tipo de foros han llegado tarde, porque esto apenas es una discusión; mientras en México se siguen acumulando víctimas producto de la política de prohibición de drogas”, sostuvo.

Dijo que debe replantearse la regulación en el consumo de estas sustancias, las cuales, resaltó, son empleadas por más de 23 millones de estadounidenses.

En su turno, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, médico y ex legislador federal, reveló que según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, que se aplica cada 5 años, los jóvenes consumen cada vez más drogas lícitas, siendo las mujeres quienes se incorporan a este sector a mayor velocidad y en mayor número.

“No debemos criminalizar a las personas que consumen drogas. La legalización de su venta no desalentaría el consumo. Lo que debemos hacer es apoyar acciones encaminadas a la reducción de la demanda”, subrayó.

Zara Sanpp, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, explicó que el 90 por ciento de usuarios de sustancias prohibidas no es peligroso y no causa daño alguno a sus cuerpos, mientras que el 10 por ciento restante sí llega a provocar algún tipo de agresión a su persona o a otras, por lo que pidió no estigmatizarlos. “No podemos decir que todos los que toman alcohol son alcohólicos”, mencionó.

Indicó que según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)), el valor del mercado criminal o ilícito de los estupefacientes alcanza los 320 billones de dólares en todo el mundo por año.

“¿Qué es preferible, un mercado regulado por el gobierno donde se da transparencia, certeza y seguridad al consumidor o uno controlado por el crimen organizado, en donde explotan al productor y en donde no hay un espacio de seguridad a los usuarios?”, expresó.

Posteriormente, durante la mesa “Antecedentes y perspectiva legislativa con relación a la regulación de las sustancias psicoactivas en México”, el senador Mario Delgado Carrillo (PRD) coincidió en que debe existir un modelo distinto en cuanto a la política de drogas a partir de los derechos humanos, ya que muchos consumidores son catalogados criminales.

El también presidente de la Comisión del Distrito Federal, resaltó que para generar la regulación de la mariguana se debe impulsar su uso medicinal y terapéutico, como lo han hecho muchos países; analizar la relación de México en los convenios internacionales relacionados en la materia, y evaluar los recursos, planes y políticas, a fin de tener elementos que orienten lo que estamos haciendo.

Comentó que se requiere crear un organismo que evalúe la política de drogas, ya que en el último año el presupuesto que más creció es el de seguridad; sin embargo, no existen evaluaciones al mismo.

La diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Esthela Damián Peralta (PRD), dijo que existe prejuicio sobre el tema, dogma y sufren estigmatizaciones los consumidores de cannabis por ello. “Debemos asumir las responsabilidades analizando este asunto desde sus implicaciones y costos”, acotó.

Cuestionó: ¿En qué momento México generó condicionantes más prohibicionistas que Estados Unidos?, ¿por qué ellos tienen control sobre esta sustancia y nosotros la tenemos prohibida?, ¿cuántos muertos más le faltan a México para que aprendamos que es absurda su prohibición?, ¿cuántos sexenios tendremos que vivir para que las drogas no lleguen a nuestros hijos y cuándo se dejará de criminalizar su consumo?

Destacó que de acuerdo con estadísticas, el 99.7 por ciento de los consumidores de mariguana la utiliza para fines recreativos y sólo el 0.3 se cataloga como problemáticos; mientras, la prevalencia de drogas en México es de 1.8 con relación a la población total de 12 a 65 años, es decir, se tiene una política prohibicionista para estos usuarios.

Durante su turno, el diputado local de Jalisco, Enrique Velázquez González (PRD), dijo que con el objetivo de armonizar su legislación estatal con la tendencia que hay en otros países, presentó una iniciativa para elevar de 5 a 30 gramos la cantidad permitida para la portación de mariguana.

Esto, explicó, plantea que junto con esta permisibilidad, se implementen acciones encaminadas para la prevención, tratamiento y rehabilitación de los adictos a esta droga; junto con la propuesta, se buscará realizar una consulta popular, junto con el órgano estatal electoral, para conocer qué piensa la sociedad jalisciense al respecto.

Finalmente, Víctor Hugo Cirigo Vázquez, ex diputado federal, precisó que en los últimos años la regulación de la mariguana va ganando terreno, ya que en diversos países del mundo ya se está despenalizando su posesión y en otros se está regulando su uso para fines medicinales. El avance más significativo es el de Uruguay, donde se firmó y publicó un decreto mediante el cual se regula el mercado de cannabis para uso personal y recreativo.

De tal manera, detalló, la corriente mundial sobre la regulación de la cannabis indica que México tendrá que avanzar hacia una regulación del uso y del mercado de dicha sustancia, la pregunta, dijo, ya no es si es procedente o no la regulación de esta sustancia, sino hacia dónde debemos transitar su regulación.

Comentó que para regular la cannabis se debe garantizar el derecho a la salud de los consumidores, a través de la prevención; la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas, y la atención de quienes ya son dependientes a dicha sustancia, así como su regulación comercial que permita el uso recreativo o medicinal, además de generar sanciones administrativas y penales para el tráfico ilegal de la sustancia.