Palacio Legislativo, 24-09-2014 (Notilegis).- Diputados del PAN, PRD, MC y PT cuestionaron al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, sobre resultados en materia de procuración de justicia en el último año, en tanto, el PRI, PVEM y NA mencionaron avances en la materia.

Legisladores de las siete fracciones parlamentaria fijaron su posición ante el funcionario federal durante su comparecencia, que se registra en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Las y los diputados se refirieron a temas como el reciente enfrentamiento armado en el municipio de Atlatlaya, Estado de México, la empresa Oceanografía, acusada de presunto fraude y lavado de dinero, la delincuencia organizada en Michoacán, los altos índices de impunidad en los delitos y el robo de combustible.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Guillermo Anaya Llamas (PAN), indicó que la impunidad en México alcanza el 92 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito 2013, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Comentó que la PGR cuenta con el menor número de elementos de la Policía Federal Ministerial desde 2000 a la fecha, con apenas cuatro mil 823 elementos, lo que impide que se cumplan con el mandato de impartir justicia.

Asimismo, precisó que en la PGR existe más personal directivo y administrativo que sustantivo.

El presidente de la Comisión de Investigación de los Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, sus Empresas Subsidiarias y Filiales de 2006 a la Fecha, diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro (PRD), señaló que en “materia de procuración de justicia falta mucho por hacer”.

Citó, a manera de ejemplo, que “seguimos esperando a que se nos entregue la mitad de los contratos de Pemex que hemos solicitado”.

Los resultados de la PGR, agregó, “no pueden esperar como tampoco la solicitud a una reunión de la comisión que investiga los contratos de Pemex con usted y que seguimos esperando”.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) afirmó que la PGR es la cabeza principal en materia de justicia, el eje social que permite la convivencia y para ello se requiere de instituciones fuertes y sólidas, como las que se tienen en el país.

La procuración de justicia, expresó el legislador, “vive momentos coyunturales, cambios jurídicos que todos hemos ido determinando y que diseñan un nuevo orden legal.

Esos cambios se basan en el impulso del Presidente (Enrique) Peña Nieto, a través de sus iniciativas para el nuevo sistema de justicia penal”, añadió.

Sobre la iniciativa para sustituir a la PGR por una Fiscalía Especial mencionó “que tendrá autonomía y su titular será designado por el Senado, lo cual permitirá una nueva justicia en beneficio de toda la sociedad.

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN) manifestó que “la procuración de justicia le debe mucho a los mexicanos”. Un tema de esa deuda, agregó, y que “lastima a los mexicanos, es el desempeño de los Ministerios Públicos, que lejos de ayudar a las víctimas del delito, en muchas ocasiones las revictimiza”, explicó

Además, añadió, “las cifras oficiales pretenden ocultar la realidad, “sólo uno de cada 10 delitos se denuncia y las causas de ello es la falta de confianza en las autoridades…Tanto homicidios dolosos, como secuestros, no han disminuido”.

Subrayó que en la lucha contra la ilegalidad, la PGR tiene “en el Poder Legislativo un aliado, pero también un vigilante para combatir el crimen con eficiencia, transparencia y combate a la corrupción y la injusticia”.

Elena Tapia Fonllen (PRD) aseveró que “en años recientes el Poder Legislativo ha aprobado reformas en materia penal, de derechos humanos y de jurisdicción militar, así como la Ley General de Víctimas, sin embargo la aplicación de la ley ha tenido un pobre desempeño”.

Este gobierno, aclaró, “cambió el discurso y la estrategia de comunicación, sin embargo las acciones contundentes han sido escasas. La corrupción y la impunidad están ausentes en el informe que usted presenta”.

Enfatzó que la PGR “enfrenta serios problemas de operación, coordinación y mando y usted mismo lo reconoció en su plan de trabajo”.

Elena Tapia destacó otros aspectos negativos y apuntó que “hoy nos seguimos preguntando qué cambios ha habido para conducir con eficacia la procuración de justicia”.

El diputado Antonio Cuéllar Esteffan (PVEM) planteó que mejorar las condiciones de educación y empleo para la población es la vía idónea para prevenir la delincuencia, la cual dijo, “es el reclamo más vehemente de la sociedad”.

Resaltó que en el último año la tarea de procuración de justicia federal ha dado resultados satisfactorios, así como el trabajo del Legislativo para reforzar los marcos jurídicos acusatorios.

“No echamos las campanas al vuelo, pero confiamos que hemos emprendido un camino confiable sin retorno para recuperar la libertad”, añadió.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) opinó que en la actual administración persisten lamentables violaciones a derechos humanos, la tortura y la violencia contra periodistas, en donde existe un conjunto de recomendaciones que la PGR no ha acatado.

La crisis “de la guerra contra el narcotráfico” no ha terminado, y la delincuencia no ha disminuido, “simplemente ahora se oculta mejor”, mencionó.

Pidió explicaciones sobre el caso Tlatlaya, donde informó que existen versiones que las fuerzas armadas no estuvieron en un enfrentamiento con delincuentes, sino que protagonizaron “un fusilamiento”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) argumentó que en la actual administración, el cambio en la percepción de inseguridad no se detectó y los problemas de fondo no se han logrado reducir.

Cuestiono al procurador por el caso Tlatlaya y afirmó que el objetivo de la procuración e impartición de justicia no es el castigar a los delincuentes y sostuvo que este caso revive los viejos tiempos de impunidad y violaciones a los derechos humanos, de hace varias décadas.

Planteó a la PGR una ágil investigación en torno al asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel (PRI) y una explicación de por qué no se ha restaurado el Estado de derecho en Michoacán.

La diputada Sonia Rincón Chanona (NA) se refirió a uno de los graves problemas de la procuración de justicia, la no denuncia de los delitos por parte de la ciudadanía, debido a que considera poco útil hacerlo o por miedo a que sea contraproducente.

Por ello, se pronunció porque Ejecutivo y Legislativo se comprometan a fortalecer los marcos normativos que brinden certeza a las víctimas del delito.

En el informe de gobierno existen elementos que demuestran los esfuerzos de la PGR para implementar el nuevo sistema penal acusatorio, mismo que ha sido una labor compartida con el Legislativo.

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