Palacio Legislativo, 09-10-2014 (Notilegis).- Representantes de Semarnat, Sagarpa, Economía, Conagua y Profepa aseguraron a diputados que el gobierno federal está vigilando las acciones de mitigación por el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi y que se ejercen los recursos del fideicomiso solventado por Grupo México. Los primeros 500 millones de pesos del fideicomiso se están utilizando para medidas urgentes del desastre ecológico, dijo Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al comparecer ante la Comisión Especial que da seguimiento al tema. El también representante del fideicomiso para atender los daños causados por la empresa minera Buenavista del Cobre en agosto pasado, precisó que cuando se hayan ejercido 450 millones, se renovarán dos mil millones de pesos más, que será la base del resarcimiento. Indicó que esos recursos podrían incrementarse para solventar los problemas de remediación, hasta que se solucione el problema en su totalidad. Comentó que una prioridad para las autoridades federales fue el abasto inmediato de agua potable para las siete poblaciones afectadas, mediante la contratación de 60 pipas y el traslado de 20 plantas potabilizadoras temporales. Asimismo, dijo, se destinaron 55 millones de pesos para la instalación de tinacos entre la población. El titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Michel Arreola Peñaloza, comentó que “el agua es apta para consumo humano”, de acuerdo a los resultados de la calidad del agua de 22 pozos analizados con base en 66 muestras efectuadas con el procedimiento técnico establecido por la Norma Oficial Mexicana 217 de Salud Ambiental. “El agua de estos pozos, que representan más del 90 por ciento del abasto de las comunidades afectadas por el derrame, no significan al momento riesgos sanitarios”, subrayó. Indicó que, en consecuencia, han sido comunicados estos resultados a los órganos de agua municipales para que procedan abrir la fuente de agua. El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, comentó que se han llevado inspecciones a la zona de la emergencia y se han ampliado las investigaciones a todas las actividades industriales de la empresa Grupo México. Precisó que se revisarán las mil 252 minas que existen en el país, donde hay un avance del 40 por ciento, y se han clausurado de manera definitiva 30 minas. El funcionario puntualizó que el próximo 25 de octubre, la empresa presentará su programa de remediación y vigilará el cumplimiento de éste. Oscar Pimentel González, coordinador General de Atención a Emergencias y Consejo de Cuencas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que esa instancia está trabajando en un expediente técnico para instalar plantas potabilizadoras con tecnología de ósmosis inversa, que permita la remoción de metales pesados. Asimismo, recalcó que se procederá a la apertura de 322 pozos de uso doméstico agropecuario y agrícola, para iniciar el próximo ciclo agrícola con normalidad. Ricardo Aguilar castillo, subsecretario de alimentación y competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), subrayó que se está monitoreando de manera permanente la calidad del suelo, animales y plantas. Precisó que para la reparación del daño a los productores agropecuarios, se destinarán 350 pesos por cabeza de ganado y 10 mil por hectárea, a seis mil 825 productores, con un presupuesto de 171 millones de pesos, en la primera etapa. Mario Alfonso Cantú Flores, coordinador general de minería de la Secretaría Economía, precisó que todas las afectaciones económicas a los comercios, industria y prestadores de servicios en los siete municipios afectados serán solventados. Detalló que existe un universo de 675 comerciantes, 361 industriales y 390 prestadores de servicios, lo que da un total de mil 426 unidades económicas, a indemnizar en una primera etapa. AMR/LSN/JGM |