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Palacio Legislativo, 10-10-2014 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Martha LucÃa MÃcher Camarena (PRD), consideró pertinente e idóneo incorporar el tema de derechos sexuales y reproductivos en el proyecto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Estoy segura (que ello) reafirmará la obligación que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos, incluido el derecho a la salud (de niñas, niños y adolescentes)â€, subrayó. En dÃas pasados, la Cámara de Diputados recibió la minuta del proyecto de la ley enviada por el Senado de la República, a partir de la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto. En un comunicado, MÃcher Camarena indicó que México es un Estado laico que tiene la obligación de prestar servicios de salud sexual y reproductiva efectivos y eficaces, respetando todas las ideologÃas, pero sin violar los derechos humanos de las personas. La legisladora perredista manifestó lo anterior por las declaraciones del Consejo Mexicano de la Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia, quienes calificaron como inexistente la titularidad de niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos. MÃcher Camarena puntualizó que la nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un avance, al colocar a la niñez y a la adolescencia como titulares de derechos, tal como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989. “La salud sexual es parte de la salud reproductiva e incluye un desarrollo sexual sano, relaciones responsables, libres de violencia e igualitarias, y la ausencia de prácticas dañinas relacionadas con la sexualidadâ€, precisó. Refirió que el 16 por ciento de los nacimientos en México corresponden a mujeres de entre 15 y 19 años de edad, que equivale a 352 mil 435 nacimientos anuales en promedio, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (2009). “Las alarmantes estadÃsticas nos hablan de falta de información y de educación con respecto a la sexualidad, (por ello) el Estado debe garantizar el derecho al consentimiento informado, es decir, brindar información cientÃfica y confiable que permita la toma de decisiones informadas y responsablesâ€, concluyó. LSN |
