Palacio Legislativo, 04-11-2014 (Notilegis).- Diputados de las siete fracciones parlamentarias exigieron la localización con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, garantizar el Estado de derecho y castigar con todo el peso de la ley a los responsables.

Los legisladores fijaron la posición de sus bancadas en la sesión de este martes respecto a un primer Informe de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones de hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Entre los días 26 y 27 de septiembre pasado fueron muertos a tiros seis personas, varias resultaron heridas y 43 estudiantes permanecen desaparecidos, en acciones en las que estarían involucradas autoridades y policías municipales, así como integrantes de la delincuencia organizada.

El vicecoordinador del PRI Manuel Añorve Baños, subrayó que el trabajo de la comisión especial ha estado alejado de “banderas o ideologías políticas” que politicen su labor, a fin de enfocar los esfuerzos en coadyuvar con la investigación que permita localizar a los normalistas desaparecidos.

Agregó que el gobierno federal realiza todos los esfuerzos para concretar este propósito y con ello, “terminar con el dolor e incertidumbre de los familiares y comunidades de Guerrero”.

El diputado priista celebró la detención, este martes, del ex edil de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, confió que la captura permita avanzar en las investigaciones y apuntó que su fracción apoya al Ejecutivo federal en su propuesta de celebrar un pacto nacional de seguridad.

El diputado José Alfredo Botello Montes (PAN) exigió a las autoridades de todos los niveles de gobierno redoblar los esfuerzos para localizar con vida a los estudiantes y se pronunció por castigar “con toda la fuerza del Estado” a los responsables y a las autoridades que pudieron cometer omisiones en la investigación.

Urgió a las autoridades implementar de inmediato las medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos y la prevalencia del Estado de derecho y la legalidad.

El diputado panista aseveró que la desaparición forzada no puede tolerarse en regímenes democráticos como el de México, por lo que el Estado debe establecer un plan de acción para prevenir actos de esta naturaleza.

La diputada Lizbeth Rosas Montero (PRD) consideró que los recientes hechos de violencia registrados son una muestra de la falta de Estado derecho que existe en el país y la actuación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ha dejado mucho que desear, al no contribuir en la localización del alcalde desaparecido.

Mencionó la pérdida de confianza de la ciudadanía en las estructuras formales, ya que los padres de los estudiantes desaparecidos no han querido dialogar con la Cámara de Diputados y los exhortó a acercarse.

“La falta de información y agilidad para informar es lo que ha provocado de forma gradual y persistente que el foco de atención se haya desplazado hacia el gobierno federal, para bienestar de la nación debe recuperarse el terreno perdido mediante acciones creíbles no discursos”, externó.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) enfatizó que el conflicto de Iguala debe ser motivo “para reconstruir el Estado de derecho y la paz mexicana”.

Se pronunció por construir “un nuevo pacto federal para que podamos rescatar y combatir la impunidad en cada estado de la República, en cada municipio, caiga quien caiga”.

También resaltó la importancia de la unidad “para que no haya impunidad, ni en este caso (el de los estudiantes desaparecidos), ni en ningún otro. Tenemos que reconstruir la República, este es el momento aprovechemos la crisis para salir adelante”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) detalló que el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, como la presunta ejecución de delincuentes en Ayotizinapa, Estado de México, ponen en evidencia la ausencia de protocolos por parte del Estado mexicano ante graves violaciones de derechos humanos.

“México está en una crisis humanitaria, en una situación en donde existe una amenaza en contra de la vida de las personas esparcida a nivel nacional, en materia de salud, seguridad y subsistencia”, además de persistir omisiones en el cumplimiento de acuerdos en tratados internacionales.

Comentó que de no corregir hechos como la desaparición de los 43 estudiantes, de no castigar ejemplarmente a los responsables, sea a nivel municipal, estatal o federal, el país se constituirá en un Estado fallido y ausente del respeto a los derechos humanos.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) afirmó que las conclusiones a las que llegó la Comisión Especial que da seguimiento a las investigaciones de este caso “son muchas, pero no todas aparecen en el informe que se presenta, porque falta la reunión con los familiares de las víctimas y con estudiantes” de la normal de Ayotzinapa.

Expresó su disposición de ayudar a los familiares de los normalistas desaparecidos, “para que sus derechos les sean cumplidos frente al gran fracaso del gobierno federal, estatal y municipal”.

Estamos, precisó Aguilar Gil, “frente a la sistemática violación de los derechos humanos y la desaparición forzada, ante lo cual el titular del Ejecutivo federal deberá dar la cara”.

La diputada Sonia Rincón Chanona (NA) explicó que la comisión especial no se ha reunido con los familiares de los desaparecidos, porque éstos no tienen confianza en la clase política, es sentimiento generalizado en el país, “porque estamos frente a un Estado desarticulado, en el que existe gran corrupción política”.

Puntualizó que, por el bien de todos, estos delitos deben investigarse y resolverse a la brevedad, siempre en cumplimiento al Estado de derecho y “absolutamente nadie puede estar por encima de la ley”.

“Frente a estos hechos de violencia no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad, (es) imperativo un modelo de coordinación en materia de seguridad pública, a fin de blindar a las instituciones de la corrupción y los grupos del crimen organizado”, finalizó.

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