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Palacio Legislativo, 19-11-2014 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PAN, José Isabel Trejo Reyes, consideró que existen manifestaciones que buscan desgastar al gobierno federal, aprovechando la inconformidad social por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. También señaló que hay omisiones de las autoridades ante los actos violentos que se han registrado en diferentes protestas a favor de la aparición de los normalistas, como el incendio del salón de plenos del Congreso de Guerrero, a manos de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la semana pasada. El legislador fue consultado por la prensa respecto a las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, quien ayer martes advirtió que, tras los actos de violencia registrados por el caso Iguala, pareciera que hay interés en generar desestabilización, desorden social, y atentar contra el proyecto de nación. Al respecto, Trejo Reyes indicó que “hay claras manifestaciones con la intención de desgastar al gobierno de la República”, con uso de violencia, y omisiones por parte de gobernadores y autoridades que no han actuado contra éstas, lo que calificó de “desgobierno”. El legislador subrayó que las autoridades correspondientes deben actuar ante dichas expresiones de violencia, sin que eso signifique represión o violación de derechos humanos. El diputado panista también consideró que dentro de la declaración patrimonial del titular del Ejecutivo se deben incluir propiedades de su familia cercana, en referencia al mensaje emitido ayer por parte de la esposa del Presidente de la República, Angélica Rivera Hurtado, donde comunicó su decisión de vender los derechos de una polémica residencia en las Lomas de Chapultepec. “Los familiares de los funcionarios, todos, debemos aparecer con la declaración del funcionario correspondiente; el señor Presidente, en su declaración, debe de manifestar la posición patrimonial de la señora”, señaló. Manifestó que Rivera Hurtado tiene derecho a tener un patrimonio, pero, también, la obligación de informarlo mediante la declaración patrimonial. Finalmente, consideró que debe construirse un sistema confiable para que casos polémicos como éste los pueda investigar un fiscal. OAA/JGM |
