Palacio Legislativo, 25-11-2014 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM y NA, aseguraron que ante la crisis política e institucional que vive el país se debe privilegiar la construcción de acuerdos democráticos que involucren a todos los sectores del Estado.

En tanto, MC se pronunció por crear un sistema nacional anticorrupción ciudadanizado y PT destacó que no se debe criminalizar la protesta social.

Legisladores de los siete grupos parlamentarias fijaron su posición sobre la situación nacional durante la agenda política de la sesión de este martes.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla (PRI) se manifestó por privilegiar la política, la construcción de acuerdos y la civilidad para resolver esta crisis y también contra de los actos violentos que se han suscitado en algunas regiones del país.

Reconoció el “liderazgo con rumbo” que ha ejercido el presidente Enrique Peña Nieto y subrayó que los autores intelectuales del caso Iguala, el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, se encuentran bajo proceso judicial.

Recriminó al PRD, MC y PT por haber postulado a Abarca Velázquez en 2012 y recordó que Lázaro Mazon Alonso, ex alcalde de Iguala y ex secretario de Salud del gobierno de Guerrero, fue lanzado como candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del estado, para los comicios del próximo año

El diputado Juan Pablo Adame Alemán (PAN) consideró que México atraviesa por un momento delicado en su vida institucional y enfrenta la crisis política más profunda de las últimas décadas, en la que se conjugan problemas sociales arraigados, inequidad y justicia.

“En el PAN creemos que una alternativa de solución al grave problema de la corrupción es aprobar, antes de que termine este año, el Sistema Nacional Anticorrupción….(y) convoca a MC, PT, Morena, PVEM, NA, PRI y al PRD, a que de inmediato pasemos a la discusión y a la aprobación”, dijo.

Añadió que Acción Nacional no está en busca de venganzas, ni de renuncias, sino por el fortalecimiento institucional, para que no se vuelvan a repetir desgracias de este tipo en el país, como la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, hace casi dos meses.

El diputado Miguel Alonso Raya (PRD) señaló que el país vive una profunda crisis social, política y de derechos humanos, que expresa el malestar ciudadano acumulado por décadas, resultado del hartazgo por la presencia del crimen organizado, su involucración en la política y un modelo privatizador que ha incrementado la pobreza.

“Ante esta crisis de Estado, la solución no es la regresión autoritaria… la solución es la construcción de un Estado democrático, social y de derecho, capaz de combatir la corrupción y la impunidad, con más y mayores cauces democráticos, una verdadera justicia social, bienestar y paz, como base de la gobernabilidad democrática”, afirmó.

Propuso que las autoridades den respuesta a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, y que el gobierno federal asuma su responsabilidad en los hechos, además de plantear la creación de un Tribunal Superior de Cuentas, para esclarecer actos de corrupción y sentar las bases para el restablecimiento de la paz social.

El diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM) señaló que sin la intervención decidida del gobierno federal en la actual crisis política que enfrenta el país, ésta podría ser peor, pues no se supera con esfuerzos aislados y voluntades individuales o privilegiando intereses particulares.

Consideró que la magnitud del problema exige la coordinación de todos los sectores que forman parte del Estado, así como la suma de todas las fuerzas políticas del país, para lograr una solución genuina y duradera, con apertura, civilidad, diálogo y consenso.

Hizo un llamado a la “civilidad” y a no aprovechar las circunstancias por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en beneficio propio, así como a dirimir los problemas por la vía pacífica y sin descalificaciones y violencia.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) afirmó que el país vive una crisis sistémica, un duelo causado por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala y malestar social, después más de tres décadas de un proceso desestabilizador que afecta la esfera social, la económica y la política.

“Esta incertidumbre e inseguridad colectiva son la verdadera desestabilización que padece en este momento el país; el caos y el desorden no lo están causando grupos de mexicanos inconformes, sino una estructura y un sistema de poder que está rebasado por un par de monstruos que ellos mismos crearon, alimentaron y toleraron: la corrupción y la impunidad”, dijo.

Indicó que, debido a incapacidad o incumplimiento grave de sus responsabilidades, debe haber revocación de mandato del titular del Ejecutivo, y planteó la creación de un sistema nacional anticorrupción ciudadanizado y mecanismos que permitan transparentar el ejercicio público y la rendición de cuentas.

El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) dijo que, gracias a los ciudadanos, la política en México ha dado un giro trascendental a partir del pasado 26 de septiembre, pues “se han levantado voces contra el silencio acumulado impuesto por estructuras del gobierno federal, estatales y municipales corruptas”.

“La crisis del sistema político mexicano, puesta en la opinión pública por la protesta contra la desaparición de 43 estudiantes, tiene repercusión internacional”, aseguró.

Indicó que “no se debe incurrir en la estupidez de criminalizar la protesta social. El poder político debe amarrar a sus provocadores, empezando por esta Cámara de Diputados, pero más arriba, desde Los Pinos, que paren a los provocadores”.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (NA) aseguró que “hoy tenemos un reto mayúsculo, derivado de la crisis de la representatividad política, crisis que se manifiesta en las calles, pero que de ninguna forma justifica la violencia que atenta contra la paz y el orden social”.

Por ello, urgió a construir un nuevo pacto social que oriente al roll del Estado mexicano para brindar seguridad y bienestar a los mexicanos, así como una agenda legislativa incluyente, cuyo objetivo sea lograr un marco institucional en el que la justicia, la seguridad y la paz dejen de ser un anhelo y se conviertan en realidad.

Indicó que no se puede exigir justicia llamando a la violencia, “quienes así actúan no quieren entender que su discurso incendiario no abona a la construcción de soluciones, sólo le hacen el juego a aquellos que buscan dañar a la sociedad”.

“No más violencia en las calles, no más violencia en los medios de comunicación, no más violencia en esta máxima tribuna de la Nación”, concluyó.

LSN/YRE/OAA/AMR/JGM