Palacio Legislativo, 28-11-2014 (Notilegis).- Integrantes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos se reunieron este viernes en San Lázaro con legisladores chilenos que buscan la liberación de su connacional, Lawrence Maxwell Ilabaca, detenido el pasado 20 de noviembre en el Distrito Federal, junto con 10 mexicanos más.

Daniel Núñez Arancibia y Jorge Insunza Gregorio, pertenecientes al gobierno de coalición de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, se encuentran en México para observar la situación y el proceso judicial de Maxwell Ilabaca, así como para contribuir a su liberación.

Maxwell Ilabaca, quien estudia el doctorado en literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue detenido y acusado, junto con otras 10 personas, de atacar a la policía durante una manifestación en el Zócalo de la ciudad de México, a favor de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En declaraciones a la prensa tras la reunión, Núñez Arancibia, del Partido Comunista, se manifestó consternado por la aprehensión de los manifestantes, así como por la situación que se vive en México y dijo estar seguro que los detenidos no están involucrados en los hechos por los que se les acusa.

Señaló que la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, remite a los años de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile que, a más de 40 años, “sigue siendo una herida abierta”.

“Estamos conmocionados, no creímos que pudiera ocurrir algo así en un país latinoamericano, y menos en México”, aseveró.

Agregó que el caso Iguala debe contribuir para que situaciones como ésta no se repitan en ningún país de América Latina.

“Queremos que nunca más en América Latina, nunca más en Chile, en México, en ningún país del mundo, tengamos detenidos desaparecidos; es por eso que también hemos querido transmitir este mensaje de la importancia que tienen la defensa de los derechos humanos”, expresó.

Refirió que, como parlamentarios extranjeros, son respetuosos de la institucionalidad de México y no emitirán juicios que puedan dañar la relación entre las naciones, pero subrayó que la defensa de los derechos humanos es un deber de todos los gobiernos, parlamentos y pueblos.

Insunza Gregorio, del Partido por la Democracia, manifestó su esperanza en que mañana sábado sea liberado Maxwell Ilabaca, quien –dijo- participó en las manifestaciones a favor de los desparecidos de Ayotzinapa, “como ciudadano del mundo que lo que quiere es el resguardo de los derechos humanos en todas partes”.

Aseguró que Maxwell Ilabaca, a quien conoce personalmente, es una persona que tiene una trayectoria académica y cultural, “y creemos que está muy lejos de los cargos que se le han imputado”.

Expuso que la desaparición de los 43 normalistas ha conmocionado a Chile y al mundo, y subrayó que estos hechos recuerdan la etapa de la dictadura en su país.

Consideró que esta situación se debe enfrentar “con unidad y con fortalecer instituciones que resguarden la legitimidad de los Estados y que aseguren, siempre el debido proceso y la actividad legítima de los poderes públicos”.

Los parlamentarios chilenos también se reunirán con la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, y con Luis García López–Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El diputado Roberto López Suárez (PRD) afirmó que existen elementos para afirmar que los detenidos en las inmediaciones del Zócalo capitalino el pasado 20 de noviembre no participaron en los hechos de violencia que se registraron y dijo que están siendo acusados de forma injusta, por lo que pidió su liberación inmediata.

Recordó que mañana sábado se cumple el plazo para que el juez encargado del caso dicte auto de formal prisión o auto de formal libertad a los 11 detenidos.

“Esperamos que el gobierno federal no se equivoque en ese sentido, que se libere a los jóvenes y que, en todo caso, se castigue a los responsables verdaderos que siguen en las calles”, expresó.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) consideró que las detenciones efectuadas el pasado 20 de noviembre “son vestigios de un estado autoritario”.

Finalmente consideró que las autoridades deberán ser cuidadosas y aportar pruebas sólidas en contra de los 11 detenidos, o, en el mejor caso, liberarlos.

“Deberán aportar pruebas sólidas, si no el país no solamente estará enojado por la desaparición de los 43 jóvenes (en Iguala) y la falta de debido proceso en su búsqueda, sino, ahora, por la falta del Estado de derecho que hay en la detención de estos (11) jóvenes”, concluyó.

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