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Nota N°. 9233 Aprueban diputados reformas constitucionales para garantizar derecho de toda persona a la movilidad universal y que Congreso apruebe Ley General de Movilidad

 

Palacio Legislativo, 27-11-2014 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución para establecer que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal y que el Congreso de la Unión expida la Ley General de Movilidad.

 

La movilidad universal se debe llevar a cabo atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.

 

El dictamen surge de una iniciativa que el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) presentó el 24 de septiembre del 2013, fue aprobado en lo general por 292 votos a favor, 100 en contra y una abstención, y tras rechazarse de manera gradual las reservas presentadas se avaló en sus términos con 287 votos a favor, 82 en contra y un abstención.

 

El documento se turna al Senado de la Rep√ļblica para su an√°lisis y eventual ratificaci√≥n.

 

El art√≠culo 11 constitucional se√Īala que toda persona tiene derecho para entrar en la Rep√ļblica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

 

Con la reforma se adiciona que el Estado garantizar√° el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.

 

Precisa que el ejercicio de estos derechos estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general.

 

El artículo 73 indica que el Congreso tiene facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Distrito Federal, de los estados y municipios en materia de movilidad universal, en los términos que establece la Constitución.

 

Tambi√©n en materia de protecci√≥n al ambiente y de preservaci√≥n y restauraci√≥n del equilibrio ecol√≥gico, como ya estaba se√Īalado.

 

En las consideraciones se explica que el reconocimiento y la protección de los derechos humanos en el país son una materia que se encuentra en proceso de consolidación dentro del orden jurídico, por lo que es necesario reforzarlos.

 

Adem√°s de avanzar no s√≥lo en protecci√≥n a la movilidad de personas con capacidades diferentes, sino en un dise√Īo constitucional que valore a la sociedad en su conjunto y provea de elementos e infraestructura que permita vivir con tranquilidad y seguridad, respet√°ndose en el m√°ximo √°mbito posible de dignidad humana.

 

Resalta que la movilidad se incrementa y dificulta en un contexto urbano, sin embargo constituye una necesidad básica inherente a todo ser humano y es un elemento básico para la cohesión de toda sociedad.

 

Refiere que el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad permeará en la obligación para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno del país implementen acciones encaminadas a garantizar que las personas realicen, en condiciones de seguridad, cada una de las actividades que decidan realizar.

 

Así como para que los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos que el mismo Estado está obligado a proporcionar.

 

En el art√≠culo 11 se establece que: el Estado garantizar√° ‚Äúel derecho de toda persona a la movilidad universal‚ÄĚ, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.

 

En el artículo 73, que se refiere a facultades del Congreso, también se incorpora también ese derecho.

 

En los art√≠culos transitorios se se√Īal√≥: El Congreso de la Uni√≥n expedir√° la Ley General de Movilidad en un plazo no mayor de 180 d√≠as a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

 

Asimismo: Las legislaturas de las entidades federativas, adecuarán la legislación correspondiente conforme a lo dispuesto en el presente Decreto y a la Ley General que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha Ley General.

 

YRE/LSN/ JGM

 
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