Palacio Legislativo, 11-12-2014 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para fortalecer los vínculos de los investigadores de las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública federal con los sectores público, privado y social.

Se plantea que estas instancias puedan promover conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación.

Con las modificaciones a los artículos 40 Bis, párrafos primero y segundo, y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, también se otorga a los investigadores el carácter jurídico de “servidores públicos”.

Originalmente la Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 40 Bis, sólo permitía la creación de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, a las universidades e instituciones de educación pública superior y a los centros públicos de investigación.

En el artículo 51 de esa ley únicamente se consideraba a los centros públicos de investigación como responsables de promover con los sectores público y privado la formación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas y nuevas empresas privadas de base tecnológica.

Sin embargo, con las reformas aprobadas este día ahora se incluyen a todas las entidades e instituciones, cuyo fin sea realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico o innovación.

El dictamen surge de una iniciativa presentada, en septiembre pasado por los diputados priistas Alejandro Rangel Segovia, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Irazema González Martínez Olivares y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, fue aprobado por 373 votos a favor, cero en contra y 18 abstenciones. Se turna al Senado para su análisis.

Con esta reforma se permite a los investigadores de instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública federal, que realicen actividades de vinculación con los sectores público, privado y social.

Las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento podrán constituirse mediante la figura jurídica que mejor convenga para sus objetivos, en los términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se constituyan como entidades paraestatales.

También podrán promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las instituciones, centros y entidades, los órganos de gobierno o equivalente aprobarán los lineamientos que permitan otorgar a los investigadores, académicos y personal especializado que los haya generado hasta 70 por ciento de las regalías que obtengan.

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