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Palacio Legislativo, 15-12-2014 (Notilegis).- La nueva Ley de Transición Energética busca reducir la generación de residuos y emisiones contaminantes para el cuidado del ambiente, sin afectar el desarrollo y la eficiencia económica del país, afirmó el diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN), secretario de la Comisión de Energía. Al fundamentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales que expide esta ley, el legislador explicó que su objetivo es regular el aprovechamiento sustentable de la energía, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. “La ley se propone ordenar conceptos básicos del cuidado tanto del medio ambiente, como del sistema climático global, inherente a la industria eléctrica, para llevarlos a un nivel de aplicación efectivo, acompañando el desarrollo económico del país”, dijo. Recordó que dicha ley es reglamentaria de la reforma constitucional en materia energética, promulgada en diciembre de 2013. Agregó que al dictaminar el tema, las comisiones parlamentarias se propusieron para “buscar la reducción de los impactos ambientales, pero no a costa de la eficiencia económica, que en el caso del Sistema Eléctrico Nacional está entrando en un nuevo ciclo del desarrollo al impulso de la reforma energética”. “El objetivo es disminuir la generación de gases y compuestos efecto invernadero, obtener mayor eficiencia en el uso de recursos naturales, disminuir la generación de residuos y emisiones, así como atenuar la huella de carbono en todos los procesos relacionados, considerando la realidad de la industria eléctrica, que, por primera vez, se ha abierto a las inversiones privadas”, subrayó. Señaló que la nueva ley armoniza y hace compatible la normatividad vigente en la materia, y ordena conceptos y disposiciones para regular el aprovechamiento sustentable de la energía, y define las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Camarillo Ortega indicó que la legislación da “un nuevo marco al papel rector del Estado en la conducción de la política energética y en particular de la transición energética, incluyéndose criterios de viabilidad económica y rentabilidad social para determinar el orden de importancia de las acciones en función del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”. Finalmente, consideró que el dictamen que se pone a consideración del Pleno cumple cabalmente con el mandato constitucional en materia de transición energética y coadyuva a los compromisos internacionales suscritos al respecto. OAA/JGM |
