Palacio Legislativo, 15-04-2015 (Notilegis).- En la fiscalización del gasto público del 2013, en el rubro de desarrollo social, seis dependencias concentraron la mayoría de las observaciones, afirmó el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.

Éstas se vinculan a programas relacionados con suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, salud, prevención contra la obesidad y rezago educativo, indicó durante la segunda mesa de análisis de la Cuenta Pública 2013.

Detalló que la Secretaría de Salud (SS) tuvo 123 observaciones y 450 acciones; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 106 observaciones y 179 acciones, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), 96 observaciones y 153 acciones.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 58 observaciones y 93 acciones; el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS), 54 observaciones y 77 acciones, y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 46 observaciones y 91 acciones.

Al llevar a cabo la segunda mesa de análisis de la Cuenta Pública 2013, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Evaluación y Control (UEC) y la Comisión de Vigilancia de la ASF, indicó que el informe comprende 109 auditorías y dos evaluaciones de políticas públicas a 43 entes vinculados con Funciones de Desarrollo Social.

Portal Martínez precisó que al grupo funcional de Desarrollo Social se realizaron 880 observaciones, las cuales generaron mil 679 acciones: 818 recomendaciones al desempeño; 428 recomendaciones y 218 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Asimismo, 148 pliegos de observación, 45 solicitudes de aclaración, 15 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y siete multas, precisó el funcionario.

“Se evidenciaron riesgos en las políticas públicas relacionadas con: agua potable, alcantarillado y saneamiento; vivienda; primer nivel de atención en salud; prevención contra la obesidad; protección social en salud; descentralización de servicios médicos de alta especialidad; educación básica; rezago educativo; conservación del patrimonio cultural, y programas de apoyo alimentario�, indicó.

Portal Martínez puntualizó que en la revisión se detectaron dos principales áreas de riesgo, que afectan la eficacia de los objetivos de los programas, y estos tienen que ver con la información de beneficiarios de programas sociales, y con la integración efectiva de la participación ciudadana en dichos rubros.

Expuso que la dependencia a su cargo ha identificado también elementos que ponen en riesgo la efectividad de los programas sociales, subsidios y apoyos proporcionados por el gobierno federal.

Destacó que en el padrón de beneficiarios existe ausencia de datos sistematizados y confiables respecto a sus receptores, lo cual debilita el impacto de un programa social, de un subsidio o un apoyo, y la carencia de esta información puede tener un alto costo social.

Señaló que en los procesos de participación ciudadana, el marco jurídico que lo sustenta se encuentra fragmentado, carece de integralidad y la implementación de sus disposiciones está sujeta, en muchos casos, a la voluntad de autoridades y funcionarios, por lo que sus esquemas y normativa deben ser fortalecidos.

Otro tema que representa un área de riesgo y que puede afectar el cumplimiento de las metas de los programas públicos es el de los “Servicios suministrados por particulares�, dijo.

“De manera específica, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social erogaron casi 17 mil millones de pesos en lo que corresponde a servicios médicos y de guarderías subrogados a particulares�, mencionó.

Y agregó que en ese tema la subrogación, per se, no es un problema, lo que si representa un espacio de vulnerabilidad es la falta de supervisión en materia de seguridad y protección civil, en las guarderías subrogadas, situación que se constató en el caso del ISSSTE.

Por ello, consideró necesario reforzar los controles y supervisión necesarios en ese rubro.

Señaló que los resultados de la revisión, de igual manera, muestran la necesidad de que las autoridades educativas implementen estrategias que incidan en la permanencia y conclusión de la educación básica, a fin de disminuir el rezago educativo.

En otro tema, aseguró que la ASF constató que en estrategias como la “Cruzada Nacional contra el Hambre� y el programa de pensión de adultos mayores, así como la operación del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, presentaron irregularidades en materia de adquisiciones y contrataciones.

Existen “subcontrataciones que se realizan sin observar las disposiciones en materia de licitaciones públicas; contrataciones que no acreditan que se garanticen las mejores condiciones al Estado; y es necesario reforzar mecanismos de control de los entes contratantes, a fin de que quienes autoricen la realización de este tipo de asignaciones sean los más altos niveles jerárquicos�.

El titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Alejandro Romero Gudiño, señaló que “el Estado mexicano presenta un importante déficit en la aplicación y resultados de políticas públicas en materia social, por la situación adversa que prevalece en casi todas sus vertientes y pese al esfuerzo realizado con la canalización de cuantiosos recursos públicos�.

Romero Gudiño dijo que el combate a la pobreza en el país ha sido otro de los temas sociales prioritarios en la agenda nacional, lo que se ve reflejado en el consistente incremento de los recursos destinados a este rubro.

En el informe se precisó que 53.3 millones mexicanos están en situación de pobreza; en pobreza relativa 0.21 por ciento; y en la brecha de la pobreza, 38.5 por ciento.

También indica que el 13.6 por ciento de los mexicanos no cuentan con una vivienda de calidad; 21.2 por ciento, no tiene servicios básicos en su vivienda; 23.3 por ciento, no tiene acceso a una alimentación adecuada, 61.2 por ciento de la población no pertenece a ningún sistema de seguridad social y el rezago social en comunidades indígenas triplica al resto de la población.

Explicó que la ASF determinó recuperaciones por 12 mil 937.5 millones de pesos en el grupo funcional de Desarrollo Social, de las cuales, solamente 0.5 por ciento son recuperaciones operadas (66.2 millones de pesos), que ese monto casi triplicó las recuperaciones determinadas en el Informe del Resultado 2012, 4 mil 510.1 millones de pesos

Romero Gudiño indicó que la ASF sugirió a la Cámara de Diputados implementar acciones para asignar 8.0 por ciento, del PIB anualmente al sector educativo; acompañar las acciones con una intensificación en la aplicación del sistema de evaluación al desempeño para mejorar la calidad del gasto y establecer mecanismos de acceso y participación a manifestaciones culturales.

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