Palacio Legislativo, 29-04-2015 (Notilegis).- EL presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que el país requiere una vinculación de las normas que rigen la materia con la realidad nacional, a fin de enfrentar los retos actuales que demandan con urgencia ser atendidos.

Al sostener una reunión con la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, subrayó que los hechos que violentan cotidianamente los derechos humanos ponen en evidencia la desvinculación existente entre lo que disponen las leyes y el contexto.

“México atraviesa un complejo desafío en el ámbito de los derechos humanos… esta situación no se agota con lo sucedido en Chalchihuapan, Tlatlaya, o Iguala”, y los jornaleros de San Quintín, Baja California, ya que detrás de cada uno de esos casos de violaciones, subyacen condiciones, situaciones y prácticas que demandan con urgencia ser atendidas”, dijo.

El Ombudsman nacional añadió que la CNDH insistirá en la necesidad de prevenir, y erradicar prácticas como tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes, trata de personas, discriminación, agresiones a periodistas, corrupción e impunidad.

“No podemos voltear la cara o ser indiferentes ante estas realidades que, de manera cotidiana, nos cuestionan y confrontan, es necesario actuar y en esa tarea los mejores resultados sólo se podrán lograr mediante acciones coordinadas que tengan como objetivo común, incidir en la vigencia y respeto de los derechos humanos”, precisó.

Durante la reunión con la instancia que preside el diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI), reiteró que las acciones emprendidas durante su gestión se han encaminado a propiciar el cambio y fortalecimiento institucional.

Indicó que la cercanía con las víctimas, la interlocución con organizaciones de la sociedad civil y la revisión de esquemas y parámetros para calificar las quejas, buscan una resolución de los conflictos de manera eficaz, oportuna y transparente.

“La atención de las violaciones a derechos humanos no puede considerarse concluida con la emisión de las recomendaciones, es indispensable que las mismas se cumplan para que exista la reparación del daño y se presenten las garantías de no repetición”, expuso.

Refirió que el reto que enfrenta la Comisión actualmente es lograr que sea operativa, a fin de que se propicien que los procesos reglamentarios se apliquen a la realidad.

Puntualizó que al asumir el cargo, en noviembre pasado, lo realizó en un contexto nacional difícil, con una institución con prácticas y modelos operativos necesarios de revisar y replantear, además de enfrentar una crisis de credibilidad y confianza de la sociedad hacia los organismos del Estado.

“Desde la autonomía constitucional de la CNDH y con respeto pleno a la misma estoy convencido de que es necesario abrir espacios de diálogo y colaboración con el Poder Legislativo, que tengan por objeto consolidar el respeto y vigencia a los derechos humanos en nuestro país”, subrayó.

Comentó que los encuentros con el Poder Legislativo cooperarán para propiciar la construcción de una agenda de temas prioritarios sobre esta materia.

En la ronda de preguntas a González Pérez, la diputada María Angélica Magaña Zepeda (PRI) preguntó la postura de la CNDH en el tema de desaparición forzada y su opinión sobre la necesidad de expedir una ley que reglamente las manifestaciones públicas.

El diputado Carlos Angulo Parra (PAN), interrogó sobre la actuación de la CNDH en relación con el caso Apatzingán “donde se vieron involucrados policías federales, donde se está imputando una especie de ejecución, igual que en Tlatlaya, y son situaciones vergonzosas”.

El diputado Erwin Arriola Doroteo (PRD), pidió que le explicaran de los proyectos que tiene la CNDH para “recuperar el papel activo en la investigación y amenazas periodistas y sobre el registro de casos sobre desaparición forzada que el organismo tiene y su nivel de actuación en la materia.

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Martha Edith Vital Vera (PVEM), consultó sobre los protocolos de seguridad pública que implementan los gobiernos estatales para reestablecer y garantizar el orden social en manifestaciones violentas, donde “muchas veces la víctima termina siendo el victimario”.

También cuestionó sobre las gestiones realizadas por la CNDH en el caso de la joven “Ana” que trabajaba en una tintorería y fue esclavizada durante dos años, en el Distrito Federal.

El diputado René Fujiwara Montelongo (NA) preguntó qué ha implementado la CNDH para brindar asistencia a personas que dejan su lugar de origen a raíz del problema de violencia que se vive en el territorio nacional.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (Morena) cuestionó al ombudsman sobre las acciones que tomarán respecto a prácticas de tortura, derecho a la protesta y la libre expresión, así como en torno a los estándares en cuerpos de seguridad militares y de procuración de justicia.

YRE/DRG