|
Palacio Legislativo, 30-04-2015 (Notilegis).- La C谩mara de Diputados aprob贸 un dictamen para agilizar la relaci贸n entre las autoridades ministeriales, federales y estatales, con los concesionarios de telecomunicaciones, en relaci贸n a equipos de comunicaci贸n m贸vil vinculados a un presunto secuestro. El decreto reforma el art铆culo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracci贸n XXI del art铆culo 73 de la Constituci贸n Pol铆tica, fue avalado por 316 votos a favor, 73 en contra y nueve abstenciones y se turna al Senado para su an谩lisis. Surge de una iniciativa que presentaron, el pasado 29 de abril, los diputados Jos茅 Guillermo Anaya Llamas (PAN), Ana Isabel Allende Cano (PRI), Mar铆a del Carmen Garc铆a de la Cadena (PRI), Jos茅 Alejandro Montano Guzm谩n (PRI), Antol铆n Etienne Rivera (PRI), Mar铆a Guadalupe Moctezuma Oviedo (PRD), Jos茅 脕ngel 脕vila P茅rez (PRD) y Felipe Arturo Camarena Garc铆a (PVEM). En el documento se destaca la incompatibilidad de las disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, con el marco jur铆dico de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi贸n. La primera requiere control judicial para las diligencias de geolocalizaci贸n de aparatos de comunicaci贸n de inter茅s para las investigaciones, y la segunda no, por lo cual se obstaculizan las mismas y se prolonga el per铆odo de privaci贸n de la libertad, e, incluso, se pone en riesgo la vida de la persona. La soluci贸n planteada es remover el requisito de autorizaci贸n judicial del art铆culo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, e incorporar salvaguardas para que esta diligencia no se realice de manera arbitraria. Con esta reforma, el art铆culo 25 establece que los titulares del Ministerio P煤blico, de la federaci贸n o de los estados, o los servidores p煤blicos en quienes se delegue dicha atribuci贸n, podr谩n ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones que proporcionen informaci贸n de forma inmediata y sin demora. Esta informaci贸n ser铆a relativa a la localizaci贸n geogr谩fica de los equipos de comunicaci贸n m贸vil asociados a una l铆nea, cuando sea necesaria para atender un riesgo inminente a la vida de una persona, sin menoscabo de lo dispuesto en el art铆culo 190, fracci贸n I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi贸n. Asimismo, que proporcionen, de manera expedita, la informaci贸n relativa a los datos del usuario registrado como cliente y aquella relativa a los datos de la l铆nea y del equipo de comunicaci贸n m贸vil. Se podr谩 pedir a los concesionarios que colaboren con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir los delitos previstos en esta ley, relativa a secuestros. Tambi茅n que suspendan el servicio de telefon铆a para efectos de aseguramiento, cuando as铆 lo instruya el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente. El mandamiento escrito del Ministerio Publico, autorizado por el Procurador General de la Rep煤blica o de la entidad federativa correspondiente, deber谩 fundar la legalidad de la solicitud y motivar su racionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Todo abuso ser谩 sancionado de conformidad con la ley. Lo establecido por este precepto de ninguna manera puede interpretarse como una excepci贸n al requisito de orden de autoridad judicial, concluye la reforma. JGM |
