Palacio Legislativo 03-02-2015 (Notilegis).- El presidente de la Mesa Directiva, Silvano Aureoles Conejo, notificó al Pleno que se recibió el informe preliminar de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o se hayan Destinado a la línea 12 del Metro y dijo que la asamblea quedaba debidamente enterada.

En ese momento, el vicecoordinador del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, impugnó el procedimiento y, desde su curul, señaló que el informe, aprobado en la comisión el pasado domingo, contiene recomendaciones a diversas autoridades y que debería decirse que se les comunicaría a éstas.

Sin embargo, Aureoles Conejo comentó que poco más tarde, en la agenda política, los grupos parlamentarios se pronunciarán sobre ese informe y en ese momento se podría discutir la impugnación de Gutiérrez de la Garza.

La Línea 12 del Metro fue inaugurada el 30 de octubre de 2012, con una extensión de 24.6 kilómetros de vías dobles y al inicio registraba una afluencia de 435 mil usuarios por día, pero el 11 de marzo de 2014 las autoridades del Distrito Federal suspendieron el servicio en 11 de sus 20 estaciones por fallas en la estructura.

El informe de la Comisión Especial comprende seis meses de trabajo, está integrado por 93 hojas y en sus conclusiones y recomendaciones sostiene que el origen de las fallas se debe a deficiencias de diseño y falta de coordinación de los trabajos.

Agrega que los estudios técnicos realizados demostraron que el tren no se inscribe correctamente en una vía con las características necesarias. “Las simulaciones, los ensayos y la experiencia, demostraron que esta situación es el elemento determinante en la causa del desgaste ondulatorio”.

Sostiene la necesidad de “llegar a los últimos responsables, a las autoridades de nivel superior que aprobaron, permitieron, consintieron o, quizás, tomaron personalmente las decisiones que obraron en detrimento de la correcta planeación, construcción y funcionamiento del proyecto”.

Consideró prioritaria la resolución del juicio que se deriva de la reclamación que hizo la Secretaría de la Función Pública (del Gobierno Federal) al Gobierno del Distrito Federal, para reintegrar 489 millones 422 mil 377 pesos de origen federal, provenientes del Fondo Metropolitano 2011, cuyo uso –a juicio de la SFP, no fue debidamente justificado por las autoridades locales”.

Destaca la necesidad de “explicar por qué, el Sistema del Transporte Colectivo Metro, de la administración 2006-2012, optó por trenes de rodadura férrea y no neumática, cuando además, como queda asentado en este informe, habían opiniones adversas a esta elección, sustentadas en evidencia técnica”.

Entre sus conclusiones también se señala la necesidad de “conocer con precisión por qué se autorizó firmar un contrato de prestación de servicios a largo plazo para la renta de los trenes, en lugar de comprarlos y explicar suficientemente por qué se eligió a la empresa CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) y no a otra”.

Asimismo, que “hay que aclarar por qué se decidió y quién autorizó en última instancia que en el contrato con CAF se estableciera el precio del dólar en 16.27 pesos la unidad, cuando el 31 de mayo de 2010, fecha en que se firmó, el precio era de 12.91 pesos, decisión que se traduce en un sobrecosto de tres mil 197 millones de pesos”.

En la parte de recomendaciones, se solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) que, una vez recibida la documentación, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, proceda a la integración de las averiguaciones previas correspondientes y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales.

Plantea que se deslinden las posibles responsabilidades correspondientes de funcionarios públicos y empresas privadas.

JGM